La avalancha de solicitudes de ERTE desborda a los asesores de empresas en Granada y satura la web de la Junta

Las empresas estaban esperando que el Gobierno concretara las condiciones para estos ERTE por causa de fuerza mayor en un decreto ley de 45 páginas que ayer se estudiaban compulsivamente los abogados laboralistas y gestores administrativos de las empresas de toda la provincia. Una vez publicado se ha dado el pistoletazo de salida para que se presenten ERTE en cascada.

En toda Andalucía van ya 1.626 ERTE desde que se decretó el estado de alarma, según anunció ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno, pero que la cifra se dispare es, por desgracia, cuestión ya no de días sino de horas.

«Están entrando solicitudes de empresas de absolutamente todos los sectores, hostelería, agencia de viajes, joyería, concesionarios de coches de marcas premium... Estamos desbordados. El 99% de las empresas que nos consultan están optando por el ERTE, solo hay casos excepcionales en los que van a utilizar otras fórmulas como un fin de obra porque les sale más barato», resumía ayer el socio del departamento laboral del bufete Hispacolex y asesor jurídico de Cámara Granada, Juan José González.

El Real Decreto establece que el ERTE por fuerza mayor sea efectivo en un plazo de cinco días desde que se solicita, «pero todo dependerá de la administración, no sabemos si está preparada para gestionar esta avalancha». El letrado especialista en laboral insiste en que el procedimiento administrativo «es relativamente fácil, pero la Junta no tiene medios» por el momento para afrontar esta situación excepcional. «El sistema no está capacitado para absorber el número de ERTE que se van a presentar. La web de Andalucía además es muy deficiente, tiene trámites complicados y da fallos. En el caso de Madrid han hecho un formulario que se va autorrellenando y lo facilita», comenta. Por eso los profesionales asesores están pidiendo también paciencia a las empresas.

«Si el Gobierno no quiere una revolución de empresas tendrá que ser muy flexible para aceptar las solicitudes de ERTE, aunque en este caso habrá casos vergonzosos de los que siempre se aprovechan», reflexiona el letrado de Hispacolex. En su caso está aconsejando a sus clientes empresarios que soliciten el ERTE por seis meses «por prudencia».

«Los ERTE son el primer paso, después vendrán despidos y concursos de acreedores de las que no se recuperen», apunta.

Ante la avalancha de expedientes que ya ha comenzado, la consejería de Empleo, autoridad laboral que en estos casos de causa de fuerza mayor sí tiene que autorizar los ERTE, ha remitido al Colegio de gestores instrucciones en las que avisan que la plataforma telemática puede colapsarse, por lo que piden que se utilice también como vía alternativa el Registro Electrónico General de la Junta. También solicitan a las gestorías que dejen el teléfono para resolver incidencias.

Para los gestores administrativos granadinos, el de ayer fue otro día de locura. No dan abasto a atender las solicitudes de las empresas. A través del Colegio de Gestores de Granada, Almería y Jaén, los profesionales mantienen abierto un foro para ayudarse en la interpretación del decreto «que no está claro» y gestionar las distintas casuísticas que se están presentando.

«Los teléfonos de la delegación de Empleo comunican, la web de la consejería se cuelga... en esta situación excepcional tampoco se le puede pedir a la administración milagros. Estamos todos desbordados por lo que hay que pedir a las empresas paciencia, dependemos del ritmo de respuesta de la administración», explicaba ayer el presidente del Colegio de Gestores Administrativos, Fernando Nogueras. «Esto es mucho más que quince días de reclusión. Los ERTE van a ser generalizados», concluyó pesimista.

Desde la delegación territorial de Empleo de la Junta se limitaron a señalar a este periódico que, en mitad de esta pandemia, han reforzado los servicios de atención laboral y de atención al ciudadano, donde se quedarán 15 funcionarios para atender a las empresas y tramitar expedientes, frente a los dos que establecían los servicios mínimos.