55 empresas familiares de autobuses están al borde de la quiebra en Granada

«El sector está ya al borde de la quiebra técnica. Se ha perdido todo el trabajo, la situación es límite. Con el servicio turístico completamente paralizado al menos hasta finales de 2021 y la suspensión del transporte escolar entre marzo y junio pasados no hay recursos para salir adelante», resume Antonio Vázquez, el presidente de la federación que aglutina a más de 300 empresas andaluzas, el 65% del sector.

En toda Andalucía sus empresas suponen cuatro mil empleos directos, suman 2.200 autocares y 460 millones de euros de facturación que se ha desplomado por completo en este negro 2020.

La sensación de abandono por parte de la administración es absoluta en el sector. «Estamos en tierra de nadie, no nos consideran ni transporte, ni turismo. Las ayudas directas contemplan por ejemplo a los taxistas y a nosotros no», lamenta Vázquez.

«La situación ha cruzado el límite. Hemos reclamado ser parte activa de la gestión del turismo en la comunidad y no nos responden. El autobús es turismo, somos los primeros y últimos que tratan con los turistas y no se nos está teniendo en cuenta para las ayudas», insiste Vázquez.

«Estamos muy dolidos por el abandono de un sector que ha estado ahí, endeudándose para tener flotas modernas y recibir al turismo», incide.

Llegados a este punto, la única solución para cortar la sangría es un plan de rescate que contemple ayudas directas para los servicios de transporte discrecional y turístico. Pero además, desde Fedintra reclaman otras medidas como la prórroga por 18 meses más de las moratorias en los préstamos de leasing y renting de los vehículos. «Son insuficientes los seis meses de carencia que algunas entidades financieras, aún a día de hoy, se niegan a aplicar», denuncia Vázquez, que recuerda que a pesar de la moratoria de seis meses sí siguen pagando los intereses. «Los bancos nos están comiendo», lamenta.

El sector tiene gran volumen de endeudamiento, ya que se ven obligados a invertir continuamente en los vehículos para ser competitivos y trabajan «con márgenes muy ajustados». «Funcionábamos porque estábamos en una rueda, ibas trabajando, pagando y reinvirtiendo, pero ha frenado en seco y es insostenible», asegura.

Unos ERTE adaptados a la peculiaridad de su actividad o la ampliación de la utilidad de vehículos, «homogeneizando la edad para transporte escolar de 16 a 18 años como está a nivel europeo», son otras de las medidas que les infundirían oxígeno.

En el caso de Granada, además, demandan la prórroga de las concesiones del transporte público para 2020/2021, que la Agencia Andaluza de Educación sacó a concurso este pasado agosto, «algo sangrante, cuando tenía margen para prorrogarlo».

Las actuales concesionarias están cumpliendo ahora los 66 días que tenían pendientes por el parón de marzo a junio y a final de año se cambiará de empresas, si no prospera el recurso que la Federación ha interpuesto. El problema, según cuenta Vázquez, es que ante la falta de actividad de este año y la mayor competencia, las empresas pequeñas perderán el transporte escolar, que es lo único que ahora las mantiene.

«Denota muy poca sensibilidad con el sector, deberían haber mantenido el contrato y el empleo», lamenta. La Federación Independiente de Transportistas advierte además que se van a ver abocadas al cierre empresas muy arraigadas al territorio. «Nadie se compra ocho coches y empieza a ver si le sale trabajo, detrás de nosotros está el trabajo de nuestros padres y abuelos. Se va a perder el tejido empresarial andaluz y el sector va a quedar en manos de multinacionales. Necesitamos tiempo y ayuda pública», clama.