Los efectos colaterales de la huelga: abogados de brazos cruzados

Desde el Colegio de Abogados de Granada confirman «la indignación» que impera en el colectivo por la falta de comunicación que estos profesionales están sufriendo en relación con las actuaciones procesales que son aplazadas por culpa de este paro que ya cumple un mes y una semana de duración.

En declaraciones a IDEAL, el decano del ICAGR, Leandro Cabrera, corrobora que la huelga de los LAJ, que ocasiona una media de 40 suspensiones de vistas cada día, está causando «un grave perjuicio a corto y largo plazo», y no solo para este colectivo profesional, sino también para el resto de operadores jurídicos y, por supuesto, para los justiciables, que en muchos casos no saben qué es un LAJ ni cuáles son sus funciones.

En algunos de los despachos próximos al complejo judicial de la Caleta se respira un enojo contenido. Al fin y al cabo, si un pleito se queda en 'stand by', las minutas también se emitirán con retraso, con el consiguiente quebranto económico que supone a los pequeños bufetes, que en ocasiones están subsistiendo con la provisión de fondos que deben realizar los clientes al hacer el encargo profesional.

En el despacho de Fernando Conde, sito en la Avenida de la Constitución, el ambiente es de resignación. En su caso, las suspensiones que alteran el ritmo de su bufete «son muchísimas y diarias». En sus oficinas no están de brazos cruzados porque siguen atendiendo a clientes, formulando recursos e interponiendo demandas, aunque sabiendo que, una vez aterricen en el juzgado correspondiente, lo más probable es que no se les dé trámite. Donde se ven obligados a cruzar los brazos sin más remedio, como confirma, es en los pasillos de los juzgados.

Uno de los asuntos que lleva este letrado paralizado por la huelga a falta del último fleco judicial es una herencia que lleva un año y medio tramitándose en los juzgados. Faltaba un dato bancario que la entidad no daba y estaba prevista la comparecencia el pasado día 23 de febrero para que se aportara la documentación pertinente. Llegado el día, se suspendió 'sine die'. «Y ahora tenemos a una viuda y a sus dos hijos pendientes de poder finalizar el procedimiento», lamenta.

También en este paro hay anécdotas. «Como peculiaridad, el otro día hubo un juzgado en Granada cuyo secretario dijo que iba a celebrar solamente los señalamientos terminados en par; los impares, no. ¿Eso es huelga?», se pregunta Conde.

De «dramática» tilda esta huelga el letrado Antonio Estella. En su despacho lleva muchos asuntos de otras provincias. «El problema es que nos suspenden los juicios el mismo día que se celebran», recalca. Recientente, de hecho, tuvo un juicio en Zaragoza a las 9.30 horas y se lo suspendieron media hora antes.

«Tuve que desplazarme el día antes desde Granada a Zaragoza y pagar la noche de hotel, y todos esos costes repercuten en el cliente, claro, que es quien tiene que pagar los desplazamientos. La gente no lo entiende y el cabreo es monumental», asevera Estella, que opina que los LAJ «se equivocan en el objetivo». Y es que, según resalta, ni la Abogacía ni los ciudadanos tienen culpa de los incumplimientos que los antes llamados secretarios denuncian por parte del Ministerio que encabeza Pilar Llop.

Estella, que ha tenido en estas semanas señalamientos en Salamanca, Zaragoza, Valencia o Madrid, cifra en un 80% las suspensiones de actos y juicios de litigios de su despacho.

Ante este panorama, desde el ICAGR se reclama «un mínimo de respeto y deferencia hacia« los operadores jurídicos y los ciudadanos, pues considera que »un simple aviso« no afecta a la consecución de los intereses de los Letrados de la Administración de Justicia.

Entre esos intereses, como es sabido, está un ajuste salarial acorde a las crecientes competencias de los LAJ en los últimos 13 años, un objetivo que en cualquier caso los abogados respetan, así como el derecho a huelga del colectivo para ejercer presión.

La huelga ha dejado ya casi 2.000 actuaciones procesales sin celebrar en la provincia. En concreto, hasta este miércoles, se habían suspendido ya en Granada 1.239 juicios y otras 726 actuaciones judiciales. De los juicios suspendidos, 406 corresponden a los juzgados de Primera Instancia (asuntos civiles) y 422 a juzgados de lo Social (litigios de naturaleza laboral).

Un dato llamativo: desde el inicio de la huelga, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene 324 recursos de suplicación «sin incoar» y otros dos recursos de queja, según fuentes oficiales de los LAJ.

Del total de juicios suspendidos, 55 lo han sido en los juzgados de lo Penal y 41 en los órganos de lo Contencioso-administrativo. Por partidos judiciales, destacan los aplazamientos en Guadix (92), Baza (57), Almuñécar (46) y Huéscar (15).

«Son actos que se tendrán que recuperar en el futuro y, de hecho, según los cálculos de las propias asociaciones convocantes, el paro causará un retraso añadido de dos años al ya existente», advierte el decano de los abogados.

A ello hay que sumar la paralización de alrededor de 1.290 millones de euros en consignaciones en toda España, unos pagos judiciales que se destinan a cuestiones tan delicadas como el pago de pensiones de alimentos para hijos (la cifra provincial no ha trascendido).

Por eso, el ICAGR hace también «un llamamiento a la responsabilidad» y pide al Ministerio de Justicia y al comité de huelga de los LAJ «que propicien un acuerdo a la mayor prontitud que garantice el regreso a la normalidad de los juzgados y tribunales».