¿Deuda o delito?

¿Deuda o delito?

La fiscal y el dueño del Nevada mantienen que un procuradora se quedó con 388.000 euros del empresario y ella denuncia impagos

Carlos Morán
CARLOS MORÁNGranada

Cualquiera que echase un vistazo al 'reparto' de la representación que siempre es todo juicio, llegaría a la conclusión de que no era una vista más. En el banquillo se sentaba una procuradora de los tribunales, es decir, una profesional del Derecho, procesada por haberse apropiado, presuntamente, de 388.000 de Tomás Olivo, el multimillonario dueño del Centro Comercial Nevada de Armilla. Y el defensor de la encausada era Ignacio Gordillo, un jurista muy conocido por haber ejercido durante años como fiscal antiterrorista en la Audiencia Nacional.

Ocurrió ayer por la mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada y las partes, tras escuchar lo que tenían que decir la procuradora y los testigos, entre los que estuvo el propio Tomás Olivo, no modificaron sus planteamientos iniciales. La defensa pidió la absolución, mientras que la fiscalía y la acusación particular reclamaron al tribunal que la inculpada fuera condenada a cinco años de cárcel por la presunta comisión de dos delitos de apropiación indebida de fondos que pertenecían a General de Galerías Comerciales -la sociedad de Olivo- y otro de deslealtad profesional por, siempre supuestamente, haber traicionado la confianza que los responsables de la citada compañía habían depositado en ella.

El ministerio público pide cinco años de cárcel y la defensa, la absolución de la jurista procesada

Según el ministerio público y el letrado que representaba los intereses de Olivo, la acusada se habría quedado ilegalmente con 388.000 euros -52.000 en 2011 y 336.000 en 2015- que, por orden de un juzgado de Primera Instancia, tendría que haber entregado al empresario, esto es, a su cliente.

Prueba de cargo

En este sentido, señalaron que la encausada aún no había devuelto ese dinero pese a haber sido requerida para que lo hiciera por General de Galerías Comerciales.

Para la fiscal y la acusación particular nada de lo que dijo la procuradora durante la vista oral desmintió esos hechos, que serían la principal prueba de cargo, y, en consecuencia, reclamaron una sentencia condenatoria.

No abonaban las minutas

En cambio, la procesada y su letrado defensor insistieron en reducir lo ocurrido a una discrepancia derivada del impago de minutas. La procuradora -que en un momento de su declaración no pudo evitar el llanto- vino a decir que, durante los diez años que había trabajado para Olivo, este sólo le había abonado unos diez mil euros, pese que le había representado en pleitos de 'gran volumen', como un contencioso-administrativo vinculado a la polémica construcción del Centro Comercial Nevada. No obstante, la encausada se cuidó de que de sus palabras pudiera deducirse que se había quedado con el dinero de Olivo para cobrarse lo que le debía por su cuenta y riesgo, en otras palabras, que no se habría tomado la justicia por su mano, que fue uno de los reproches que le lanzó la acusación particular. La procesada alegó que envío en varias ocasiones las facturas que, según ella, le adeudaba General de Galerías Comerciales para que le hicieran la correspondiente liquidación, pero agregó que esas gestiones fueron infructuosas.

Entre tanto, aseguró que había depositado el dinero en cuestión en una cuenta de su despacho y que, después de que Olivo se querellase contra ella, lo puso a disposición de la justicia. Por lo tanto, no habría cometido delito alguno. El caso quedó visto para sentencia.