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Viernes, 4 de octubre 2019, 21:13
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El letrado Jorge Aguilera, que lleva la defensa del exalcalde Paco Cuenca en la causa de los cursos de formación que se ha investigado en un juzgado de Sevilla, confía en que el fiscal pida el archivo. El caso se sigue contra su cliente por contratar unos servicios de inspección siendo delegado provincial de Economía de la Junta.
En declaraciones a IDEAL, el jurista recordó que aunque el juez que ha instruido la causa haya acordado pasar a la fase de preparación del juicio oral, aún hay que esperar a que las partes formulen cargos o pidan el sobreseimiento.
Recordó en este punto que mientras la causa se ha instruido el fiscal ha pedido «en varias ocasiones» el archivo de las actuaciones en lo que respecta al delito de usurpación de funciones públicas. Por eso, confía en que a la hora de emitir sus conclusiones no acuse por ese ilícito.
El jurista dejó claro que de los cinco delitos apreciados -de momento de forma indiciaria- por el juez de Instrucción número 6 de Sevilla, a Cuenca sólo se le imputan dos: el de usurpación y el de prevaricación. Y con respecto a este segundo ilícito, está convencido de su inexistencia, puesto que «el interventor no puso reparos a los contratos menores que firmó Paco Cuenca».
En cualquier caso, sobre este delito, consideró que debió haberse investigado en cada provincia y no en una causa común, en la que se ha procesado a 19 personas, entre ellas a su cliente, que siempre ha defendido haber actuado con respeto a la legalidad.
En su último auto, el juez recuerda que la causa se centra en el posible alcance penal de la contratación de servicios para realizar labores de seguimiento, control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional (F.P.O.) en Economía Social organizados por la Junta durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.
Considera que Cuenca y los otros 18 investigados de la Junta de Andalucía, «vía contratación de servicios a prestar por particulares, se habrían valido de distintos contratistas, personas físicas y jurídicas, para llevar a cabo aquéllas tareas pese a que la ejecución de las mismas formaría parte de las potestades que se encuentran reservadas por el ordenamiento jurídico a los funcionarios públicos». De ahí la presunta usurpación.
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