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A la derecha, el depósito con el cartel que indica que es «propiedad privada». Urbanismo deja claro que es municipal. J. F. BARRERA
Dos decretos municipales liquidan las polémicas de la urbanización Serrallo

Dos decretos municipales liquidan las polémicas de la urbanización Serrallo

El depósito de agua es ahora de titularidad pública y se obliga a la propiedad a retirar la valla perimetral y a talar todos los árboles

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Jueves, 7 de junio 2018, 02:06

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La otrora urbanización del Serrallo apura sus últimos días como tal. Dos decretos de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada dejan claro que toda la extensión de la llamada urbanización es territorio municipal, público, de todos los granadinos. De esta forma, un litigio con múltiples aristas en todos los tribunales va llegando a su final y liquidan las polémicas que han convivido entre chalets, villas, bloques y todos los vecinos.

El primer decreto trata sobre el problema del suministro del agua. El segundo, sobre el perímetro de vallas que busca aislar la zona. Respecto al primero, se deja escrito que «se inicia el procedimiento para la recuperación de oficio de la parcela en que se ubican las instalaciones de captación y acumulación de agua (pozo, centro de transformación, tubería de impulso y depósito) y del que vienen haciendo uso sin autorización municipal por parte de la comunidad de propietarios El Serrallo».

Respecto al segundo decreto, deja escrito que «las obras o usos que se han realizado, una vez estudiado el planeamiento urbanístico y la legislación sobre la materia son manifiestamente incompatibles con la ordenación urbanística, dado que se han desarrollado sobre terrenos destinados en el planeamiento a sistemas generales o donaciones públicas, por lo que deberá advertirse al interesado de la necesidad de reposición de la realidad física alterada».

El decreto de Urbanismo matiza con absoluta precisión que hay que eliminar las vallas, mallazos y propone incluso la tala de árboles para «garantizar la conexión libre entre el barrio Bola de Oro y la urbanización El Serrallo». Habla, por ejemplo, de todo el lindero sur de 111,17 metros, con un vallado mixto de cipreses y mallazo. Abunda en «el vallado metálico de simple de torsión con doble puerta del final de la calle Zoraida». Y de estos dos últimos deja claro que «presumiblemente las vallas indicadas han sido instaladas por la comunidad de propietarios en terrenos de dominio público sin la preceptiva licencia municipal». No son los únicos lugares en los que se fija el decreto, también habla de intervenir en el resto de «espacios libres de titularidad municipal».

En un escrito remitido a este periódico, una de las partes en conflicto afirma que «el Ayuntamiento, al fin, comienza a normalizar la situación urbanística del Serrallo, aunque de forma tímida. Se trata de recuperación de espacio público, que había sido usurpado. El Serrallo vuelve a la ciudad y la ciudad entra en el Serrallo, como el resto de vecinos de Granada, con todos sus derechos y también sus obligaciones».

Matizan que «todavía queda recorrido para esta normalización. El resto de servicios, mantenimiento de zonas verdes y viales, limpieza, iluminación, aún están sin resolver».

Respecto a la comunidad de propietarios, son duros: «La comunidad, falsa comunidad, tiene por delante su disolución. No es posible una comunidad de propietarios sin elementos comunes, ofreciendo servicios que son de competencia exclusiva del Ayuntamiento y pretender cobrarlos a los vecinos a través de cuotas declaradas injustas por juzgados y la Audiencia Provincial».

Por último, estos vecinos valoran que «el Ayuntamiento recupera espacios que le habían sido usurpados», y que normalizarán sus relaciones con el Consistorio. «Pierden aquellos que durante muchos años han venido gestionando un espacio y unos servicios, cuyo fin era obtener un beneficio para ellos mismos a costa del resto de los vecinos de El Serrallo cuando menos inmoral y presuntamente ilegal».

Tras la publicación de los dos decretos de la Concejalía de Urbanismo, este periódico contactó con todas las partes implicadas para ofrecerles la posibilidad de valorar las novedades. En el caso de la comunidad de propietarios, una de las partes afectadas, se telefoneó a la administradora, quien respondió que el presidente estaba «de viaje». Añadió que se pondría «en contacto con los abogados». Finalmente, han preferido no realizar comentario alguno a este periódico.

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