Los municipios pueden instalar cámaras de vigilancia o de tráfico. IDEAL
Pueblos de Granada

Cuarenta municipios granadinos han pedido instalar cámaras para reforzar la seguridad

Los que ya las usan aseguran que funcionan a la hora de perseguir a los autores de robos, actos vandálicos o infracciones al volante

Laura Velasco

Granada

Lunes, 4 de marzo 2024, 23:50

Los municipios de la provincia extreman la vigilancia en sus calles. Las solicitudes para instalar cámaras de seguridad y tráfico ascienden a medio centenar en ... los últimos seis años, la mayoría con el fin de controlar actos vandálicos, robos –intensificando la entrada y salida a los pueblos– y las infracciones cometidas al volante. También son de gran ayuda cuando las plantillas de Policía Local son escasas o nulas. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil solicitan ocasionalmente acceder a estas imágenes, que puedan ayudar a resolver delitos de diferente tipología, como crímenes.

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Hay que diferenciar entre dos tipos de dispositivos. Por un lado, las cámaras de videovigilancia, que graban imágenes y sonidos en lugares públicos para garantizar la convivencia en armonía. Se solicitan a la Delegación del Gobierno, que debe resolver las peticiones en un plazo máximo de dos meses. Por otro lado se encuentran las cámaras dedicadas a la supervisión del tráfico, que no requieren la autorización de otros organismos si al ayuntamiento le corresponden las competencias para la regulación del mismo. Los consistorios granadinos admiten que ambas son de gran utilidad.

Según datos de la Subdelegación del Gobierno a los que ha tenido acceso este periódico, 41 ayuntamientos solicitaron en los últimos seis años la instalación de estos dispositivos. Dentro de la modalidad de cámaras de vigilancia solo se han autorizado seis solicitudes de municipios desde 2018. Otras seis han sido puestas en espera por falta de información por parte de los consistorios, pero podrán recibir el visto bueno si aportan los datos restantes. El resto o han sido denegadas o pertenecen a la modalidad de tráfico. De esas peticiones, los ayuntamientos son los que deciden en qué puntos estratégicos reclaman la instalación de estas cámaras para prevenir delitos.

La captación de estas imágenes en la vía pública facilita la investigación cuando se producen accidentes entre vehículos o choques contra el mobiliario urbano, por ejemplo. Uno de los municipios que más ha colocado en los últimos años es Pulianas, con más de 40 dispositivos para «ayudar al control del tráfico y a la prevención de actos vandálicos», según informó el consistorio. Albolote también roza las 50 cámaras, distribuidas entre el pueblo, los núcleos urbanos y urbanizaciones. En Armilla, según informan fuentes municipales, disponen de varias de este tipo en puntos significativos, como la Avenida de las Palmeras, la Avenida Fernando de los Ríos o la plaza Poniente, todas cerca de lugares con gran densidad de tráfico, como las rotondas.

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«Son de gran ayuda, hasta un 90% de los casos en los que hay daños materiales quedan resueltos»

Policía Local de Huétor Tájar

También hay instaladas en Huétor Tájar, donde utilizan las imágenes para investigar accidentes de tráfico. «Son de gran ayuda, tanto que en hasta un 90% de los casos en los que hay daños materiales quedan resueltos», explica la Policía Local del municipio. Están en puntos claves, como la circunvalación, donde se producen «bastantes infracciones» en forma de excesos de velocidad o delitos contra la seguridad vial. «Hay muchos que golpean bienes públicos o privados y se marchan, e influye igualmente la ingesta de bebidas alcohólicas. Gracias a las imágenes podemos dar con los autores», añade.

Por otra parte, en Granada capital hay dispositivos de los dos tipos colocados en las calles. De las de tráfico, la mayoría no tienen afán recaudatorio, sino de control, y recientemente se han instalado en más semáforos. Por otra parte, las cámaras de videovigilancia están instaladas sobre todo en el Albaicín, barrio con una idiosincrasia especial por ser Patrimonio de la Humanidad. Gracias a estos dispositivos puede darse con los autores de destrozos o pintadas, como la semana pasada, cuando captaron a dos jóvenes realizando grafitis en el Aljibe del Zenete.

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Hay un tercer tipo de cámaras, las móviles, que se utilizan para vigilar eventos puntuales de corta duración. No requieren autorización: el ayuntamiento solo tiene que comunicar que las va a utilizar. En el periodo analizado –desde 2018 a 2023– se han usado seis en varias localidades.

Robos y altercados

El aumento de los robos también justifica la solicitud de cámaras de vigilancia en buena parte de los pueblos del listado. Tal y como publicó recientemente IDEAL, la sucesión de robos en viviendas de Otura desde hace meses ha llevado al ayuntamiento a colocarlas. Ya hay cuatro activas y se seguirán activando el resto durante estas semanas. «Sirven para disuadir y que podamos trasladar imágenes para la investigación de la Guardia Civil. El objetivo es que el número de robos sea cero», informó el consistorio. Ya hay instaladas en las urbanizaciones Suspiro del Moro, Santa Clara Golf, Viñas del Rey y Los Alijares. Progresivamente se colocarán también en Molino Alto, Los Girasoles o calle Almendros, entre otras. «Las urbanizaciones son las zonas en las que más se fijan los ladrones», añade.

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Episodios de violencia

El Ayuntamiento de Montefrío también instalará nuevas cámaras en puntos estratégicos del municipio con el fin de reforzar la seguridad. La razón es que ocasionalmente se registran episodios de violencia que, en caso de estar grabados, pueden ser de utilidad para la investigación de las autoridades. El trapicheo de marihuana, por ejemplo, estaría detrás de algunas de estas trifulcas.

Otros de los pueblos que protegen sus calles con estos sistemas son Pinos Puente, Albolote, Alhendín, Cúllar Vega, Las Gabias, La Zubia o Atarfe. Sólo en la capital hay 600 entre las de seguridad y las de tráfico.

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Los requisitos para que sean autorizadas

La autorización para la instalación de estas videocámaras corresponde al delegado del Gobierno de la comunidad autónoma, previo informe de la Comisión de garantías de la videovigilancia. El plazo máximo de resolución es de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud, según detallan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.Los alcaldes o el concejal competente en materia de seguridad ciudadana se encuentran habilitados para formular la solicitud, que ha de expresar los motivos que la justifican, el ámbito físico susceptible de ser grabado o el tipo de cámara, entre otras cuestiones. Para darles luz verde se tendrá en cuenta la exigencia de un «razonable riesgo para la seguridad ciudadana», así como la posible afectación «al derecho al honor, a la imagen y a la intimidad».

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