El sector forestal denuncia que el incendio de Los Guájares es fruto de «décadas de abandono»

El monte que ha ardido en el sur de la provincia, aseguran, era un «desierto humano», es decir, una masa vegetal tupida en la que la intervención del hombre era prácticamente nula, sin las actuaciones selvícolas ni el aprovechamiento económico que hubieran permitido disminuir el impacto del fuego.

Enrique Urbano, miembro destacado de la Asociación Forestal Andaluza (AFA Profor), recuerda que una gran parte de los bosques de la Península Ibérica tiene su origen en las repoblaciones a gran escala de los 50, 60 y 70, especialmente pinares, con el objetivo fundamental de proveer al país de madera y leña. «Con la difusión del gas butano y otros derivados del petróleo, junto a las emigraciones de las zonas rurales a las urbanas en los 60 y 70, esas masas forestales perdieron su finalidad y quedaron abandonadas a su suerte», señala este gestor forestal.

A ello hay que unirle, a partir de los años 80, el 'boom' de la conciencia ambientalista, con efectos positivos en muchos aspectos pero también un lado oscuro: un «ecologismo naif» que, desde las ciudades, contempla los bosques como «paisajes» o «museos» que hay que conservar intactos a toda costa sin intervención humana, sin ser conscientes de que es precisamente esa intervención la que permite cuidar el bosque y protegerlo de fuegos devastadores. Esa sociedad «hipersensibilizada» a la corta de un solo árbol o la muerte de un ciervo, resalta Urbano, asiste ahora impotente a la destrucción de más de 5.000 hectáreas de bosque, la liberación a la atmósfera de toneladas de CO2 y la pérdida de cientos de miles de vidas de plantas y animales.

Bajo la presión de colectivos «preocupados por el medio ambiente pero a menudo alejados del rigor de la ciencia», la administración andaluza –como tantas otras- abandonó la gestión forestal hace tres décadas, apenas aprobado el primer Plan Forestal Andaluz, que «tenía buenas intenciones, pero nunca fue respaldado por una política consecuente de inversiones», lamenta Gabriel Gutiérrez, presidente de AFA Profor.

A ellos se han sumado otras muchas normativas que, con el pretexto de proteger la naturaleza, establecen innumerables obstáculos al aprovechamiento de la riqueza del bosque, desde dificultades para desbrozar, podar o aclarar la masa arbórea hasta fuertes limitaciones a la ganadería extensiva. «Un cortafuegos de 15 metros servía hace 40 o 50 años porque al otro lado había pastores con cabras, se extraía madera y la densidad de vegetación no era tan elevada. Ahora a los dos lados del cortafuegos hay pólvora», subraya Urbano.

«No es tanto una cuestión de tener más helicópteros o meter a los negligentes en prisión como de favorecer la actividad económica ligada al bosque. Siempre habrá negligencias, accidentes o rayos», recalca este miembro de AFA Profor.

Sin embargo, el sector considera que, tras la tragedia de Los Guájares, no es el momento de los reproches, sino de la acción conjunta –administración, sociedad y profesionales-, adoptando cuanto antes decisiones inaplazables para evitar nuevos desastres, especialmente en el actual contexto de cambio climático, con altas temperaturas, olas de calor cada vez más prolongadas y falta de lluvias que convierten los bosques abandonados en auténticas bombas de relojería.

Marian Núñez, presidenta de la recién creada Asociación de Propietarios Forestales de Andalucía Oriental, reclama «un pacto nacional por los bosques y una nueva política forestal dotada de un presupuesto acorde». Es preciso, resalta, «invertir en gestión forestal y en infraestructuras contra incendios (accesos, pistas forestales, puntos de agua…) y potenciar los aprovechamientos forestales ayudando a los selvicultores y otros gestores del territorio».

Esos aprovechamientos no se limitan a la madera o la biomasa. Pastos para la ganadería extensiva, caza y pesca, apicultura, corcho, resinas, plantas aromáticas, hongos, y frutos como piñones y castañas son otros recursos renovables que provee el bosque y que podrían crear miles de empleos y frenar la despoblación rural, recuerda Núñez, propietaria forestal de Huéscar.

Núñez reclama una política de empleo que incentive los oficios ligados al monte, algunos tradicionales y otros altamente tecnologizados, y una consideración para el sector forestal similar a la que tiene el agrícola, dado que a través de su actividad proporcionan no solo riqueza económica y empleo, sino enormes beneficios sociales y ambientales, como la captación de CO2, la recuperación de los acuíferos, la preservación de la biodiversidad y la conservación del paisaje. «Está todo por hacer. Esperamos que esta desgracia sirva como revulsivo», añade.

«Los bosques ofrecen múltiples beneficios que, cuando se aprovechan ordenadamente, son la mejor garantía de su conservación. Hay que recuperar los usos tradicionales e innovadores que mantienen el monte a salvo de grandes incendios», sostiene Gabriel Gutiérrez, quien, pese a lo preocupante de la situación, aprecia señales positivas. Por un lado, el esfuerzo de la actual administración autonómica por revisar las normas y adecuar el plan andaluz, o el propio hecho de que exista una Dirección General de Política Forestal. Por otro, cierto cambio de tendencia en una parte del movimiento ecologista, que por primera vez comienza a hablar de gestión forestal. «Pero hay que explicar muy claramente a la sociedad que lo que hagamos ahora no se empezará a notar dentro de unos años. Debemos estar preparados para unos veranos duros aún», concluye.