Ratifican su ingreso en prisión por embestir a la Policía y herir a cuatro agentes en Motril

Así quedó uno de los vehículos oficiales contra los que chocó el delincuente./IDEAL
Así quedó uno de los vehículos oficiales contra los que chocó el delincuente. / IDEAL

El reo, que protagonizó una violenta persecución en 2014, recurrió para evitar cumplir los 18 meses de cárcel a los que un juez le condenó hace dos años

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

Ocurrió el 4 de octubre de 2014 por la noche. Eran las 22.05 horas cuando M. R., de 40 años y un amplio historial delictivo, hizo caso omiso a la señal de 'alto' que le dio la Policía Nacional en el camino Cuesta de Panata de Motril. A partir de ahí se inició una espectacular persecución que acabó con su detención y cuatro agentes lesionados. El temerario conductor, que fue juzgado y condenado en 2016, había pedido no tener que pisar la prisión -en términos legales, que se suspendiera la ejecución de la pena-, pero la Audiencia de Granada ha confirmado que deberá cumplir los 18 meses de encierro que se le impusieron.

Según el relato de hechos que se consideraron probados por el Juzgado de lo Penal 1 de Motril, aquella noche los agentes lo pararon para identificarlo, pero M. R., en aquellos momentos «en libertad condicional y bajo control judicial», obvió a la autoridad, cambió bruscamente el sentido de la marcha de su Seat Ibiza y embistió «violentamente» al coche policial. Un agente que se encontraba fuera del turismo fue alcanzado y cayó al suelo por el golpe.

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Es la suma que habrá de abonar en indemnizaciones a los heridos y a la Dirección General de la Policía.
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Son los delitos que cometió el acusado durante la espectacular huida que acabó en su arresto.

Lejos de parar, M. R. inició una huida durante la que volvió a impactar contra el vehículo policial a la altura de la Rambla de las Brujas. A continuación, el acusado prosiguió en dirección a Playa Granada por el camino del Pelaíllo, pero se encontró con «un operativo policial de bloqueo» y, tras chocar frontalmente con uno de los coches, abandonó el suyo y trató de seguir la huida a pie. No lo consiguió. Fue interceptado y se revolvió, ofreciendo «una fiera resistencia con golpes reiterados a los agentes». Al final, acabó siendo reducido y conducido a los calabozos. Los daños en los coches policiales, un Citroën C4 Picasso y un Seat Altea, no fueron menores. Los impactos ocasionaron desperfectos que fueron tasados en un total de 6.387 euros.

El juzgado motrileño, tras el paso de M. R. por el banquillo de los acusados, lo consideró autor de un delito de atentado en concurso ideal, dos de lesiones y otros dos de lesiones leves, así como de un delito contra la seguridad vial. Y además de la pena de un año y medio de prisión, le impuso distintas multas que ascienden a más de mil euros. Aparte, le prohibió del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 15 meses y fijó en más de 19.000 euros las indemnizaciones a abonar -algo más de 12.600 para los agentes heridos y el resto para la Dirección General de la Policía por los daños en los vehículos-.

La Audiencia, en un auto dictado este año, rechaza el recurso de apelación que la defensa de M. R. interpuso contra la decisión del Juzgado de lo Penal 1 de Motril de denegarle la suspensión de la pena. Su letrado pedía que o bien se le concediera o bien se sustituyera el castigo por trabajos en beneficio de la comunidad.

En su resolución, los magistrados de la Sección Segunda recuerdan «la abundante trayectoria delictiva» del acusado, que cuenta con una «nutrida hoja histórico-penal». Exactamente, le constan nada más y nada menos que once condenas entre 2002 y 2016. Estos antecedentes han sido el principal obstáculo de M. R. para conseguir no tener que pisar el penal. Ese beneficio se puede conceder a quienes son condenados a penas iguales o inferiores a dos años de cárcel, pero siempre que se cumplan otros requisitos legales.

La defensa de M.R. planteó en el juzgado «todas las alternativas jurídicas posibles» para que su cliente esquivara los barrotes, pero el tribunal refrenda la decisión del juzgado, que descartó «toda posibilidad» de aplicarle un beneficio penal.

Ni un céntimo

La Audiencia recuerda que el acusado «no ha pagado un solo céntimo» de la indemnización fijada ni se espera que lo haga, pues «consta también -señala el auto- que no tiene la más mínima intención de hacerlo ni ahora ni en un futuro más o menos próximo», ya que se ha declarado insolvente. Además, no se trata precisamente de un delincuente primario y, para el tribunal, no existe garantía de que no vuelva a delinquir. «Que tenga a su cargo dos hijos menores nacidos en 2005 y 2010, como la inmensa mayoría de los delincuentes, nada garantiza». De hecho, no fue freno para embestir aquella noche a la Policía y atentar contra sus agentes. Además, carece de trabajo u ocupación, lo que sea o no «por su culpa, no favorece precisamente el alejamiento de comportamientos delictivos, como tampoco el hecho de no seguir sometido a tratamiento para la deshabituación a tóxicos, según él determinantes de su reiterativa conducta antisocial. Por eso desestima «enérgicamente» su recurso contra la ejecución de la sentencia en su día dictada.

 

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