Policía y Bomberos de Motril se niegan a realizar horas extra por el impago del Ayuntamiento
El conflicto, que pone en peligro la salida de las procesiones, se recrudece y denuncian su situación ante los tribunales
El conflicto que el Ayuntamiento tiene abierto en paralelo con la Policía Local, además de la tensión con el resto de servicios municipales que amenazan ... con la huelga, se recrudece. Bomberos y Policía Local se ponen de acuerdo por primera vez en años para denunciar su malestar y renunciar a todo tipo de horas extraordinarias. Las plantillas han decidido por unanimidad en una asamblea plantarse. Las carencias y faltas de efectivos se venían cubriendo de esta forma. La decisión pone en peligro la Semana Santa y cualquier fiesta que se celebre en la ciudad próximamente.
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Además, la Policía Local, al igual que hizo anteriormente Bomberos, denuncia al Ayuntamiento ante el tribunal Contencioso-Administrativo. «La decisión ha sido unánime y, desde este mismo momento, no se va a realizar ningún tipo de servicio extraordinario. Esto es algo muy grave para un servicio ordinario herido de muerte, tanto en Bomberos como en Policía local, en el que en un simple viernes, jueves o martes de noviembre hay que realizar servicios extraordinarios. Lo que va a suponer no realizar servicio extraordinario en plena Semana Santa, donde se triplica la población, donde hay unas comitivas procesionales- religiosas que van a salir a la calle y van a cortar toda la vía de Motril, es grave«, lamenta Daniel Ortega, portavoz de los cuerpos.
La propia concejala de Seguridad, Mara Escámez, ayer, en declaraciones a los medios, admitió que si se confirmaba hoy este extremo de la unanimidad de ambos cuerpos de no realizar servicio extraordinario, se iba a ver obligada a realizar un informe negativo para la salida del itinerario procesional», apunta. El consistorio debe en horas extra a la Policía Local la cantidad de 50.000 euros y otros 120.000 euros a Bomberos.
El ratio de policía local en Motril está establecido en un mínimo de 130 y solo hay 90 agentes, mientras que los Bomberos tienen que realizar servicio extraordinario todos los días para llegar al mínimo. De acuerdo con los agentes, en agosto, la concejala de Seguridad firmó una un calendario de pagos de hora extra que se han incumplido. El Ayuntamiento también firmó una serie de acuerdos con la policía Local y Bomberos, en el cual se comprometía a realizar la equiparación salarial de ambos cuerpos con el resto de cuerpos similares a ellos. Todo esto se refrendó administrativamente en varios actos administrativo que son preceptivos para su aprobación, como es una comisión de valoración, que además viene aprobado en el acuerdo Sercla del año 2018. Esto se aprobó con el voto ponderado del concejal de Personal, Jesús Jiménez.
Años de incumplimientos
El Ayuntamiento estaba obligado a llevarlo a pleno. Según los agentes, la alcaldesa, Luisa García Chamorro, apoyada también por la concejala de Seguridad, realizó una providencia para decir que debía llevarse al pleno del mes de febrero sin que llegara a efectuarse.
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Los agentes han mostrado una sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Granada en la que el Ayuntamiento de Motril está condenado a cumplir una subida de complemento de destino para Bomberos, a la cual en el día de ayer se sumó también Policía Local. «Todo esto viene porque hay un acuerdo firmado desde el año 2018 que tampoco han cumplido. Estamos en 2023, la friolera de cinco años y dos gobiernos de por medio», reitera Ortega.
Advierten a la concejala para que no dé el visto bueno a la salida procesional. «Y quiero decir algo muy claro. Aquella persona que plasme su firma en el informe que tienen que hacer para dar el visto bueno a la salida de la comitiva procesionales deberá atenerse a las consecuencias si ocurre algo y el riesgo de que ocurra algo grave es altísimo», aseveran. «Si alguna persona sufre alguna lesión por un corte de tráfico mal realizado, por una planificación mal realizada por alguien que no lo puede hacer, tendrá nuestro apoyo judicial si hace falta», remacha.
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Aseguran también que pondrán palos a las ruedas si tratan de suplir sus funciones con, por ejemplo, Protección Civil. «Aquella persona que firme para que venga alguien no competente a hacer de esquirol con competencias que no le son suyas, será también denunciado», advierte. «Quiero recordar que en el casco urbano el único órgano competente en materia de tráfico rodado es la Policía Local de Motril. Nadie más puede realizar los cortes. Sin nosotros: ¿quién va a retirar los vehículos de los itinerarios o salvar a una persona si hay una desgracia?», dice el portavoz.
En riesgo el verano
La amenaza va más allá y afecta a toda la temporada turística. «Esto no va a ser solamente Semana Santa. Hemos decidido también en asamblea por unanimidad que vamos a continuar. Vienen las cruces o el desfile de la fuerza Aérea y la feria. No han engañado muchas veces y hasta que cumplan con lo que han prometido nos plantamos», apunta..
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Por otra parte, lamentan la actitud del equipo de Gobierno y piden que se depuren responsabilidades. «Vamos a ir a que cumplan económicamente los culpables, que son el concejal de Personal Jesús Jiménez, el concejal de Economía, Nicolás y la alcaldesa, Luisa García Chamorro. Pero María Ángeles Escámez, cumpla usted lo que dijo ayer en los medios. Debe usted informar de que la seguridad no está asegurada para que salgan las procesiones a la calle por mucho que nos duela»,argumentan.
Por último, recuerdan que en el año 2019, se subió el sueldo a los grupos políticos del Ayuntamiento. «Los cargos de confianza que cobran más que un Bombero o Policía Local»,concluyen.
El Ayuntamiento tiende su mano para negociar
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motril muestra su «voluntad de seguir negociando» con Policía Local y Bomberos. En un comunicado el Ayuntamiento dice que es consciente de «que quien trabaja tiene que cobrar y los servicios extraordinarios deben pagarse». De hecho, se han dado instrucciones al área de personal de que en esta nómina de marzo se continúe con el abono de los servicios extraordinarios que se adeuda a la plantilla, los cuales ya se han empezado a pagar.
«Este equipo de gobierno muestra su voluntad absoluta de seguir negociando, pero siempre con la ley en la mesa. Y es que según asesores municipales y también externos con los que se ha consultado, lo único que se puede llevar a pleno sin cometer una ilegalidad es el factor de solapamiento», apuntan.
«Este equipo de gobierno reitera su voluntad de negociar con la legalidad vigente, a la cual nos tenemos que someter todos, añadiéndose que incluso introducir el factor de solapamiento, que se haría con carácter retroactivo, conlleva la apertura de un procedimiento administrativo que dura lo que marca la ley y que un equipo de gobierno no se puede saltar», concluye el comunicado.
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