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Carlos Morán
GRANADA
Lunes, 26 de febrero 2018, 13:12
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El juzgado de lo Penal 5 de Granada va a rastrear los bienes de Luisa García Chamorro, exalcaldesa de Motril por el PP y actualmente diputada provincial por ese partido, para proceder a su embargo al no haber satisfecho las cantidades derivadas de su condena por haber injuriado a un rival político, el socialista José Luis Hernández. Chamorro, que era vicepresidenta de la Diputación cuando ocurrieron los hechos, dijo públicamente, y entre otras cosas, que Hernández había cargado a la tarjeta de crédito de una empresa de dicha institución viajes a Dublín o Berlín o estancias en hoteles de lujo, algo que no era cierto. En este sentido, fue condenada a pagar una multa «de seis meses con una cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas».
Además, y ya en el «ámbito de la responsabilidad civil», Chamorro deberá 'financiar' de su bolsillo la publicación de la sentencia en distintos medios de comunicación de Granada, caso de IDEAL o ideal.es.
Pues bien, Chamorro no ha cumplido aún con esas obligaciones y el juzgado que debe ejecutar la sentencia ha iniciado los trámites para embargar sus bienes. “De conformidad con lo solicitado y no habiendo satisfecho las cantidades a que fue condenada doña Luisa García Chamorro , procédase a la averiguación de bienes de su propiedad, sobre los que en su caso, trabar embargo; a tal efecto, recábese informáticamente (…) informe de los bienes y derechos que aparezcan a nombre del condenado”, dice el documento al que ha tenido acceso ideal.es.
Por su parte, los abogados de Chamorro precisaron que la representante política del PP no se niega a pagar, pero está esperando a que el Tribunal Constitucional admita, o no, un recurso que ha planteado contra la sentencia que la condenó. Se da la circunstancia de que la Audiencia de Granada ya dictaminó en su día que la citada resolución condenatoria no era recurrible, pero, aún así, Chamorro acudió ante el Tribunal Supremo, que tampoco le dio la razón. Así las cosas, su decisión de elevar el caso al Constitucional es extraordinaria, toda vez que debe aportar evidencias de que se han violado sus derechos fundamentales. En general, este tipo de recursos no paralizan la ejecución de la sentencia a no ser que la parte lo reclame, que los que ha hecho Chamorro. Pero el Constitucional no ha dicho nada al respecto. Ni siquiera si va a tramitar el asunto.
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