El Gobierno termina el centro de inmigrantes de Motril cuatro años tarde y sin fecha de apertura

De acuerdo con la Subdelegación del Gobierno, la construcción del centro finalizó en agosto después de las «últimas reformas y problemas de conexiones». Sin embargo, a preguntas de IDEAL, el organismo público apuntaba que era difícil «prever» cuando se produciría su apertura. «No se puede poner una fecha exacta para su entrada en funcionamiento, depende de la ejecución de limpieza, instalación de mobiliario, por lo que se pondrá en funcionamiento en poco tiempo. No se puede precisar con exactitud puesto que actualmente se está tramitando la autorización de gasto para poder licitar la limpieza y acondicionamiento de las instalaciones», ha explicado el organismo a este medio. Es decir, que para la puesta en funcionamiento del centro se deberá adjudicar un nuevo contrato. Una afirmación que causa malestar en el cuerpo de policía que presta servicios en las instalaciones y que es testigo de cómo ese poco tiempo ha durado ya cuatro veranos.

Las obras de remodelación del CATE no han estado exentas de polémica desde que se iniciaron en el verano de 2019. Bien por mala suerte, una serie de contratiempos o subterfugios, la reforma no terminaba de coger ritmo pese a que la primera fecha que se dio para su apertura fue el final de ese estío prepandémico.

La primera fase de la construcción del CATE quedó comprometida a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Con la primera partida presupuestaria, que correspondía al ejercicio de 2019, se afrontó la construcción de los módulos. La aprobación de unas nuevas cuentas se produjo a finales de diciembre de 2020 y en abril de 2021, la Secretaria de Estado de Seguridad aprobó la segunda fase de la intervención y Hacienda dio el visto bueno para la intervención. En teoría, estaban pendientes algunas actuaciones para conectar los módulos a la red de saneamiento y abastecimiento, así como dotar las instalaciones de electricidad e instalar el mobiliario.

Otra de las piedras que ha tenido que sortear esta obra, que está lejos de ser faraónica, fue el cambio en el proyecto. Una de las empresas adjudicatarias tuvo que modificar algunas de las unidades de obra y el presupuesto a raíz de varias actuaciones y mejoras ejecutadas en el puerto de Motril. Durante el tiempo de parón entre la aprobación de cuentas y la cadena de infortunios que ha alargado la construcción del CATE, la dársena granadina ha seguido creciendo y durante la ejecución de la pasarela que discurre por encima de la lonja pesquera el puerto acometió una parte de la actuación necesaria para que el CATE pudiera conectarse a la red, sumando sin querer otra espera. Después, la falta de convenio entre la dársena y la Subdelegación entorpeció la continuidad de las actuaciones.

En mayo de 2022 el ministro Fernando Grande Marlaska manifestaba en la cámara alta, a preguntas del exsenador popular José Antonio Robles, que el Gobierno había firmado el convenio con la Autoridad Portuaria para la ocupación «inmediata» del centro en el momento en el que las obras del CATE lleguen a su fin. Sin embargo, no había convenio suscrito en vigor entre el ministerio del Interior y el puerto de Motril para la apertura y ocupación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), por lo que no había un permiso en vigor y se debía renovar para poder finalizar las obras y poder abrir las instalaciones, tal y como adelantó IDEAL. Dicho asunto se resolvió con otro acuerdo el 1 de junio, de 2022 pero la reanudación de la Operación Paso del Estrecho tras años de suspensión por la pandemia supuso un nuevo atraso para las acometidas.

César Calín, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Granada (SUP), califica de vergonzoso «los retrasos y excusas» a la hora de poner el centro en funcionamiento, además critica la falta de inversión y mantenimiento de las dependencias que actúan de centro de atención de migrantes durante estas obras. «Tenemos goteras y problemas de climatización, si llegan dos pateras seguidas estamos vendidos porque no hay espacio. No es digno que los agentes trabajen en estas condiciones ni los inmigrantes convivan en esos módulos», señala. «Solo nos salva el descenso de la presión migratoria en nuestras costas», apunta. Las instalaciones que se utilizan actualmente son insuficientes, carecen de las plazas necesarias y el Defensor del Pueblo ha instado a su cierre en varias ocasiones.

El futuro CATE tiene capacidad para 168 personas, pese a que en las primeras estimaciones del Gobierno se comprometieron 200 plazas. Según manifestó el Ministerio del Interior, la infraestructura contará con sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y de protección contra incendios, acorde a la normativa vigente. En total, la inversión para estas instalaciones alcanzará aproximadamente los 343.802 euros, cifra facilitada por la Subdelegación del Gobierno.