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El Gobierno defiende la legalidad de la obra para el nuevo centro de recepción temporal de inmigrantes en Motril

El subdelegado del Gobierno dice que para estas obras no es necesaria determinada documentación previa

EUROPA PRESS

CHURRIANA DE LA VEGA

Jueves, 10 de mayo 2018, 15:52

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El subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, ha subrayado que la adaptación de las antiguas instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) de Motril a la atención temporal de inmigrantes es una obra extraordinaria «de interés general» y con carácter de «urgencia», por lo que «no hace falta» determinada documentación previa, que se puede ir presentando «en los tiempos que marca la norma».

Fuentes se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas en Churriana de la Vega, después de que el miércoles el Ayuntamiento de Motril anunciara que ha dictado orden de paralizar los trabajos por carecer de licencia de obras y haya pedido al Gobierno que aclare si las nuevas instalaciones serán un centro de atención temporal o un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) permanente, mostrando su rechazo a esto último.

El subdelegado ha defendido que la nueva instalación, cuyas obras están en marcha, se ha concebido para dar «una solución al problema» generado por la limitada capacidad del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que hay en el Puerto de Motril cuando se producen «avalanchas» de pateras.

En esos momentos, según ha dicho, existe una «necesidad extraordinaria» de acoger a estas personas para prestarles una «atención mínima» y realizar las labores de identificación por parte de la Policía Nacional, motivo por el que se ha decidido crear esta nueva instalación.

Ha censurado, en este sentido, que el Ayuntamiento de Motril esté «haciendo política» y «jugando» con este tema, generando «una alerta» entre los vecinos que «no corresponde» con la situación real, ha dicho.

El proyecto prevé una reforma integral de casi todo el área del EVA-9 con una inversión prevista de cerca de tres millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, según detallaron fuentes del Ejecutivo central.

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