El juicio por el accidente mortal de Ron Montero queda visto para sentencia

Durante la sesión de hoy, el fiscal ha sostenido la teoría de que no se cumplieron las medidas de seguridad por parte de la empresa y en que el servicio de prevención de riesgos laborales externo contratado tampoco hizo su labor, en tanto que faltaban medidas de seguridad y no se formó a los trabajadores.

En este sentido, ha mantenido su petición inicial de penas de tres años y cuatro meses de prisión para los dos acusados, la que entonces era administradora de la empresa motrileña, Andrea Martín y el técnico de prevención de riesgos laborales Juan Antonio Illescas de la Blanca por delito contra derecho a los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones imprudentes.

En cuanto responsabilidad civil, el Fiscal mantiene petición de indemnización de una cantidad de 1.125.000 euros para el trabajador Miguel Lorenzo, y de 600.000 euros para Manuel García, hermano del trabajador fallecido, por las heridas, secuelas y perjuicios físicos y morales que sufrieron.

El letrado Ignacio Esteva que ejerce la acusación particular ha elevado hoy su petición de penas para los acusados a 5 años y cuatro meses de prisión y solicita una indemnización de 1.125.000 euros, la misma que la Fiscalía, para su representado, Miguel Lorenzo.

En su exposición, Esteva ha considerado que durante el juicio ha demostrado que Miguel Lorenzo no era el responsable de prevención de riesgos como sostiene la dirección de la empresa y que la orden de trasiego en el bidón donde se produjo el accidente la dio la empresa. El letrado también ha puesto de manifiesto la responsabilidad del servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, por no evaluar correctamente los riesgos y no preverlos.

Según su relato, la entonces administradora conocía que el depósito tenía en su interior una estructura de madera. «Era plenamente consciente de que ocultar esa información era ilegal, pero perseguían que no se cerrara la bodega al público», ha señalado el letrado, que ha insistido en la necesidad de que se busque la herramienta más eficaz para indemnizar a su representado por un accidente, que no ocurrió «por causa de fuerza mayor, sino por un incumplimento flagrante e incapacidades manifiestas».

En cuanto a la acusación particular que ejerce el letrado Ramón Serrano, en representación del trabador, Manuel García, reclama para su defendido 314.000 euros, una petición por está debajo de la del Ministerio Fiscal.

«No reclamamos 314.000 euros para que nos den la mitad, venimos a reclamar lo real», ha esgrimido el letrado, recordando que su indemnización equivale a la percepción de 614,4 euros al mes «por debajo del salario mínimo profesional» durante los años de vida laboral que le restaban a este trabajador.

«Nos hemos quedado cortos por el daño moral que supone la pérdida de su hermano», ha llegado a reprochar el letrado, que ha pedido 12.000 euros por este concepto.

El extrabajador de Ron Montero tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta definitiva y «va a estar 27 años sin poder trabajar», según ha recordado en la sesión de hoy su letrado, que ha remarcado que no tenían ninguna intención de haber mantenido la acción penal y que la hubieran retirado si se les hubiera indemnizado.

«No teníamos interés en mandar a nadie la cárcel», ha dicho el letrado que ha recordado que ya existe una sentencia firme del juzgado de lo Social número 1 de Granada sobre el accidente, en la que se reconoce que no hubo medidas preventivas ni los medios de trabajo eran los adecuados en la fábrica.

La defensa de Andrea Martín, por su parte, ha pedido la absolución para la empresaria abundando en la tesis de que encomendó el servicio de prevención a una empresa externa, Ibermutuamur y a un trabajador «cualificado», Miguel Vílchez.

En este sentido ha insistido en que fue el técnico de riesgos laborales el que «debió y pudo» dar información preventiva así como planificar medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente y que «contó con la información precisa para ello».

El letrado de la acusada ha reiterado que Martín «no era consciente de que los trabajadores estuvieran expuestos a riesgos y que desconocía la falta de medidas de seguridad de la empresa». «Ella es lega en la materia», ha dicho el defensor, que ha remarcado que Martín no era consciente del riesgo derivado de que el servicio de prevención hiciera una «evaluación incorrecta» que diera lugar a que no se tomaran las medidas adecuadas.

Además ha asegurado que era el trabajador Miguel Lorenzo el que tenía delegadas todas las funciones de prevención de riesgos laborales por parte de la dirección de la empresa y que fue contratado, precisamente, por su formación como licenciado en dercho y gestión empresarial de riesgos laborales.

Sin los técnicos encargados no la habían advertido, ella «no lo pudo prever», ha señalado, reiterando que jamás se negó a llevar a cabo actuaciones en materia de seguridad. «A mi defendida se la imputa por ser administradora, simple y llanamente, y eso infringe el principio de culpabilidad», ha declarado.