La Costa adaptará el empleo de 5.000 temporeros bajo plástico a las nuevas normas de la Junta

El Gobierno andaluz ha elaborado esta guía de medidas de manera conjunta con las consejerías de Empleo, Agricultura y Salud después de que se haya producido el confinamiento y aislamiento en sus domicilios de temporeros que trabajan en explotaciones agrarias de Almería o detectado brotes vinculados a la recogida de fruta en Aragón y Lleida. Las autoridades apuntan que los contagios entre jornaleros se producen en su mayoría en los desplazamientos y en el alojamiento.

Sin embargo, se dan una serie de pautas a tener en cuenta por los empresarios. Además de las recomendaciones básicas como guardar distancia, usar mascarillas y geles hidroalcohólicos, los propietarios de las fincas deberán garantizar la limpieza y ventilación de espacios cerrados. Ofrecer formación a sus trabajadores e incluso reorganizar los espacios y tiempos de jornada laboral. El titular de la explotación debe limitar las cadenas de transmisión. Se aconseja establecer 'cuadrillas' o un grupo de trabajo estable.

Sus integrantes deben estar físicamente separados «tanto como sea posible y los grupos de trabajo no deben mezclarse entre sí». Los propietarios de las explotaciones deberán tener un registro con la relación de los trabajadores que, tanto si vienen de otra provincia de Andalucía, de otra comunidad o de otro país, tendrán un centro de salud asignado y acceso a atención primaria. Si una persona presenta síntomas de coronavirus no acudirá a la explotación hasta tener una valoración médica y permanecerá aislada. Tampoco acudirán los trabajadores en cuarentena o que sean casos confirmados, que también se aislarán.

Una parte de la mano de obra empleada en las campañas agrícolas son migrantes que necesitan alojamientos en los territorios donde prestan sus manos a la tierra. La guía restringe las visitas sin vinculación con los residentes a no ser estrictamente necesarias y solicita a los empleadores que provean a los jornaleros de jabón, papel y soluciones desinfectantes. La guía recomienda que cada explotación agropecuaria elabore un plan de actuación específico frente al Covid-19.

Para Nicolás Chica, portavoz de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos) estas nuevas medidas son «normales» en la situación que atraviesa la provincia. «Se han generado una serie de focos porque hay muchos alojamientos para temporeros que no respetan las normativas. Los empresarios no pueden hacer más. Los municipios deben asegurarse y echarnos una mano para alojar a los temporeros en condiciones dignas o habilitar infraestructuras», dice. El portavoz mantiene que durante la crisis sanitaria se redujo la producción de algunos cultivos como el espárrago por las condiciones climáticas y la baja demanda, pero que con la reactivación de la economía se hace indispensable las medidas contra los contagios. Esta temporada además se espera que la recolección del olivar se incremente un 20%.

La temporada se adelanta y comenzará en noviembre y se espera la incorporación de miles de temporeros. «Cada vez hay menos mano nacional y los empresarios deben de hacer contrataciones en otros países como Rumania, Bulgaria, Bolivia, Ecuador, Colombia, Marruecos y Argentina», dice. Sin embargo, calcular el número de temporeros que se gana el jornal en la provincia es prácticamente imposible. En general el convenio se cumple, pero las organizaciones admiten que hay algunos casos en los que se utiliza trabajo irregular.

Sin recursos para hacer test

Ante esta situación, el presidente de ASAJA, Manuel del Pino, cuya organización ha contribuido a elaborar la guía de la Junta, afirma que la asociación y sindicatos, entre ellos CCOO, tendrán un observatorio para hacer un seguimiento de la nueva guía para que no se confunda a trabajadores agrarios temporales con temporeros ilegales con el fin de evitar contagios y frenar el trabajo ilegal. Las explotaciones agrarias se preparan para el otoño, fecha de la próxima campaña. Hasta 1, 5 millones de peones, una gran parte de ellos temporeros, trabajarán en la temporada del olivar. Desde el año 2002, organizaciones como ASAJA traen temporeros de Europa del Este. UPA descarta que los empleados puedan cubrir los costes para hacer las pruebas de Covid-19 a los trabajadores y plantea a la administración que se haga cargo.