El PP pide la declaración de emergencia social de la urbanización 'Cármenes del Mar'

Confían en sumar el apoyo de todos los grupos políticos para que la Junta "asuma sus competencias" y convertir los problemas de sus propietarios "en propios"

EFE

El PP presentará en el Parlamento una proposición no de ley para que la Junta declare la emergencia social en la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura, en Almuñécar (Granada) para articular la ejecución de obras de emergencia valoradas en 4 millones para evitar que se caigan 400 viviendas.

El parlamentario andaluz del PP Juan Ramón Ferreira ha explicado en rueda de prensa que su partido ha registrado una proposición no de ley, que se discutirá en la comisión de Justicia e Interior el próximo 18 de febrero, para pedir a la Junta que declare de emergencia social de Andalucía los deslizamientos de esta urbanización.

Ferreira ha detallado que confía en sumar el apoyo de todos los grupos políticos para que la Junta "asuma sus competencias" y convertir los problemas de sus propietarios "en propios", un primer paso que debatiría más adelante cómo se ejecutarían las obras necesarias o las consecuencias jurídicas.

La urbanización con 425 casas se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras 15 y desperfectos graves en la mayoría de las viviendas.

Ferreira ha apuntado que la proposición permitiría a la Junta colaborar en las medidas cautelares que ya aprobó un juzgado y eliminar riesgo de derrumbe hasta que acaben los pleitos y que está abierta a todos para ayudar a los alrededor de 2.000 afectados.

Los portavoces de los vecinos, Ricardo López e Ignacio Martín, han explicado el riesgo agravado por los últimos terremotos y han lamentado que los préstamos e hipotecas durarán más que sus viviendas, lo que genera "impotencia e indefensión".

El abogado de los afectados, Manuel Aranda, ha recordado que una sentencia de 2014 les dio la razón y aprobó medidas cautelares, pero que cada paso judicial ha sido recurrido en apelación e incluso en el Tribunal Constitucional, lo que provoca una dilación que ha impedido incluso que se ejecuten las obras de emergencia.

El concejal de Urbanismo de Almuñécar, José Manuel Medina, ha detallado que se trata de una "situación preocupante" con cifras desorbitadas para la que el Ayuntamiento no tiene capacidad "técnica ni económica" y ha adelantado que trabajan con la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, para hallar soluciones.

La urbanización requeriría una inversión de cuatro millones de euros para evitar nuevos deslizamientos y garantizar la seguridad de los vecinos, una cuantía que serviría para detener los destrozos y evitar que la zona alta de la urbanización caiga, pero no para remozar los actuales daños en las viviendas.