La juez acepta el aval para ejecutar las medidas cautelares del arreglo de los 'Cármenes del Mar'

Se pretende asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas y que estas no continúen deteriorándose

EFEgranada

Un juzgado de Granada ha aceptado el aval presentado por los vecinos de Cármenes del Mar, en Almuñécar, como caución suficiente para que se ejecuten las medidas cautelares decretadas el pasado verano para asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas y que estas no continúen deteriorándose.

Estas medidas, autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada, tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, según ha informado en un comunicado remitido la comunidad de propietarios de la referida urbanización.

La urbanización con 425 casas se vendió entre los años 2001 y 2005 por precios que rondaron los 100.000 euros y, desde su construcción, la ladera de Cerro Gordo en la que se ubica ha sufrido corrimientos de tierra que han ocasionado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras y desperfectos graves en la mayoría de ellas.

El juzgado ya falló el pasado noviembre a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados responsables de la construcción a la reparación de la urbanización.

De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes debían correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyéndose en estas no sólo los gastos derivados de honorarios profesionales de abogado y procurador, sino también todos aquellos derivados de informes periciales o cuales quiera otros requeridos por el proceso.

Ricardo López, portavoz de los vecinos de Cármenes del Mar, ha explicado que esa sentencia ha sido recurrida, por lo que la ejecución de las medidas cautelares era fundamental, dado que el proceso judicial continuará alargándose y es necesario que se pare el deterioro "continuo" al que están sometidas sus casas.

En concreto, las medidas cautelares decretadas incluyen trabajos de mantenimiento de viales y accesos, así como de los abastecimientos básicos de electricidad, gas y agua.

También establecen la sustitución de las redes subterráneas de conducción de agua potable y agua de saneamiento, o el mantenimiento de equipamientos que contribuyan a la estabilización de la urbanización, como muros de contención y anclajes.

En el paquete de ocho medidas cautelares aceptadas por la juez también se preveía la vigilancia y eliminación de cualquier riesgo para las personas derivado de los desperfectos en construcciones, viviendas e infraestructuras, así como la consolidación del terreno en el que se apoyan cimentaciones de estructuras imprescindibles para la estabilidad del conjunto.

El Juzgado estimaba entre sus medidas también un embargo preventivo de los bienes de los demandados en una cantidad de 3,6 millones de euros.

Según la comunidad de propietarios, la resolución judicial dejaba asimismo clara la necesidad de acometer las medidas incluidas en su resolución, dado que la situación de la urbanización y de las viviendas continúa deteriorándose mientras se desarrolla el proceso judicial.