La legalización de cortijos, a ralentí

El proceso abierto a principios de 2013 generó gran expectación entre las familias propietarias de cortijos ilegales y de otras estructuras como naves y depósitos que llevaban años reivindicando una solución para salir de la clandestinidad. De hecho, el Ayuntamiento motrileño incluso puso en marcha un servicio específico con técnicos especializados, para atender a estos propietarios en la oficina de Vivienda del área de Urbanismo y agilizar este proceso. Sin embargo, aunque son muchos los que han acudido a informarse en este tiempo, los propietarios de estos 2.500 cortijos ilegales no están precisamente haciendo cola en el Ayuntamiento de Motril para regularizar su situación a cambio, lógicamente, de abonar la correspondiente tasa. Prisa desde luego, no parecen tener.

Desde que se abrió el proceso de regularización, solo 200 de los 2.500 propietarios de estas edificaciones han iniciado el expediente para la regularización, según informa el Ayuntamiento de Motril. Y los propietarios que ya han culminado el proceso y duermen más tranquilos, con los papeles de su cortijo en casa porque han finalizado con éxito todos los trámites son bastantes menos: se han legalizado 30 construcciones.

Reticentes

Las reticencias a admitir ante la administración local que se posee un cortijo ilegal, a pesar de la 'amnistía', y el coste económico de la tasa de regularización así como de las certificaciones necesarias para legalizar la vivienda hace que el proceso de regularización marche más lento desde luego de lo que le gustaría al gobierno motrileño. Por eso, durante todo este periodo ha tratado de incentivar la regularización con una bonificación económica. Durante el primer año en vigor de la medida se decidió que la tasa de regularización fuese del 3,6% del valor de la construcción, en lugar del 5%, y después el gobierno motrileño aprobó prolongar la bonificación hasta finales de este año 2014, para seguir animando el proceso de regularización.

Para una construcción de cien metros, se está abonando así una media aproximada de dos mil euros de tasa, una cantidad económica que muchos propietarios no ven el momento de desembolsar. Otro requisito que echa para atrás es el de aportar la documentación que acredite que se trata de construcciones antiguas y que tienen su expediente prescrito, además del informe de un arquitecto que defina las características de la vivienda y garantice el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad. Además de tener su expediente sancionador prescrito, para poder acogerse a la regularización las edificaciones tienen que haber sido construidas antes de febrero de 2008 y no estar levantadas en zonas de especial protección.

«Es cierto que en este tiempo es mínima la cantidad de construcciones que ha culminado la regularización, por eso seguimos manteniendo la bonificación. El objetivo de esta medida nunca ha sido recaudatorio sino el del prestar un servicio a los ciudadanos y darles cobertura jurídica y así es importante que lo vean», explica el teniente alcalde y portavoz del equipo de gobierno de Motril Nicolás Navarro. De hecho, estima que una vez finalizado el periodo de bonificación, en diciembre de este año, «no habrá inconveniente» en prorrogarlo para permitir que se regularicen más construcciones, ya que actualmente sólo el 8% del total se ha acogido a esta medida.

El portavoz del gobierno municipal insiste en que, lejos de pretender 'hacer caja', la obsesión del gobierno municipal es dar seguridad jurídica a estas familias que poseen construcciones fuera de ordenación y recuerda que, aunque el Ayuntamiento no va demoler un cortijo cuyo expediente está prescrito, con la ley en la mano, sí podría llegar a precintar una instalación ilegal ante cualquier denuncia de otro vecino o una infracción motivada, por ejemplo, por temas de ruidos o vertidos. El gobierno municipal recuerda, además, que la legalización de estas edificaciones es imprescindibles para acometer cualquier obra, contratar suministros o simplemente darle valor a la propiedad.