Granada recurre la adjudicación de la agencia de IA por «deficiencias» y falta de información

De acuerdo a los informes de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, a los que ha tenido acceso este periódico, la vía administrativa, una de las que se estaba valorando, está agotada, por lo que únicamente cabe un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno. Aunque el pleno es el órgano competente para activar el mecanismo, las competencias están delegadas en la comisión de Smart City, motivo por el que se ha convocado la reunión.

Fuente municipales han confirmado a este periódico que la decisión de convocar la comisión con carácter «urgente» es la necesidad de recibir la autorización de la corporación «lo antes posible». El recurso que prepara la ciudad exige unos trámites «arduos» y el equipo de gobierno quiere empezar pronto para que lo que se presente.

Las posiciones previas de las formaciones con presencia en el Ayuntamiento hacen pensar que el expediente saldrá adelante por unanimidad. De confirmarse, la aprobación supondrá, de manera automática, la interposición del recurso ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. A partir de ahí, se iniciará un complejo proceso que conllevará que los magistrados reclamen al Ejecutivo los expedientes relativos a la designación de la sede de la agencia. Una vez que el Gobierno los entregue al tribunal, este lo hará enviar al Consistorio. A partir de ese momento, según las fuentes municipales consultadas, Granada tendrá 20 días para armar y ratificar el recurso.

No es el único plazo que maneja el Consistorio. De acuerdo al informe de la Asesoría Jurídica, «el recurso debe interponerse en el plazo de dos meses desde la notificación o publicación del acto que constituye su objeto». En este caso, la fecha límite es el 6 de febrero de 2023, pues la publicación se produjo el 6 de diciembre de 2022.

La convocatoria de la comisión es consecuencia directa de la decisión tomada por los integrantes del Pacto de los Mártires, órgano que reúne a los principales actores públicos y sociales de la provincia y que hace 12 días abogó por la senda de la reclamación para aclarar lo sucedido durante el proceso de designación. Entonces los representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, la UGR y las entidades tanto empresariales como sindicales aseguraron que la decisión del Ejecutivo era «injusta para Granada».

Aquellas declaraciones estaban motivadas por la falta de respuesta del Gobierno, que insistió en que el proceso había sido «transparente» a pesar de que confirmó a este periódico que la decisión final no se tomó a partir de unas puntuaciones. Tanto el Ministerio de Política Territorial como el de Asuntos Económicos aseguraron que toda la información de la que disponían para justificar el dictamen es la que se publicó en el BOE, lo que excluía que se emplearan 'notas' de las tres candidatura más potentes -Granada, Alicante y La Coruña- a la hora de decidir el lugar de la sede.

IDEAL contó en exclusiva también que el dictamen de los expertos técnicos del Ejecutivo otorgó a la candidatura granadina más valoraciones 'excelentes' que la de La Coruña, además de que los gallegos no llegaron a presentar parte de la documentación requerida; en concreto, el análisis de impacto económico, social e industrial de la iniciativa. Asimismo, este periódico desveló que el Gobierno primó al aeropuerto coruñés a pesar de que contaba con las mismas conexiones que el de Granada.

Parte de estas consideraciones se han recogido en el expediente que votarán el viernes los corporativos. En concreto, forman parte del informe del área de Ciencia, Innovación y Transformación Digital, Ciudad Inteligente, Infraestructura y Telecomunicaciones.

El documento determina que el contenido de la orden que recoge la decisión del Consejo de Ministros «se puede observar que la evaluación publicada adolece de deficiencias que no permiten extraer una puntuación transparente y objetiva de los criterios valorados».

Entre otros, enumera que no se ha hecho público el informe de la comisión de expertos por el que se ha acordado recomendar al Consejo de Ministros la elección de La Coruña y recuerda que el documento debe incluir las valoraciones númericas de los 28 criterios analizados por los técnicos. También destaca que el análisis de las valoraciones «no permite una forma de interpretarlas que lleve a entender que La Coruña ha obtenido una mayor puntuación que Granada» y expone las dudas que despiertan comparativas entre ambas ciudades en aspectos como el ecosistema de investigación en IA, la cohesión social, la tasa de desempleo o el análisis proyectivo.

Estas valoraciones son las que ahora deben ratificar los concejales para que el trámite judicial de Granada dé comienzo.