Los constructores denuncian que el Ayuntamiento bloquea 40 millones en inversiones

La ACP detalló en un comunicado que la demanda de viviendas en Granada capital se ha incrementado en los últimos meses y, sin embargo, los promotores inmobiliarios sufren un «incomprensible atasco» cada vez que presentan una solicitud de licencias en Urbanismo. A pesar de que el sector mantiene reuniones mensuales con Urbanismo, los plazos se alargan cada día, lo que hace que se pierdan oportunidades para la ciudad ya que se retrasan los proyectos de rehabilitación y obra nueva de forma sistemática.

Este retraso afecta a la creación de empleo en Granada, ya que son más de 500 viviendas las que esperan licencia, lo que supondría la creación de más de 1.500 puestos de trabajo directos y 40 millones de euros de inversión. Además, esta falta de oferta de obra nueva conlleva que los precios de las viviendas suban de forma acelerada.

Entre los proyectos afectados se encuentran varios hoteles, concesionarios de coches, promociones de viviendas, obras de rehabilitación y residencias, a pesar de que durante 2017 se hayan atendido, según fuentes municipales, 8.700 licencias, la mayor parte de las mismas de obra menor y mediante el procedimiento de declaración responsable.

La asociación pidió que se tomen las medidas necesarias para que las licencias de obra comiencen a estudiarse en un plazo razonable de dos o tres semanas desde su presentación, para poder otorgarse en un plazo máximo inferior a tres meses, con todos los requerimientos debidamente resueltos.

El sector es consciente de la complicada situación política municipal pero ve razonable que sé prioridad a aquellas actividades que son generadoras de empleo y que suponen importantes ingresos en las arcas municipales. Estas cuestiones, añadieron, deberían ser tenidas en cuenta ante la delicada situación económica municipal.

El edil de Urbanismo de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid (PSOE), rechazó las críticas de la ACP y resaltó que el área municipal de licencias está realizando «un trabajo extraordinario», que «avalan los datos». Fernández Madrid señaló que la ACP «se equivoca de estrategia» al «atacar al Ayuntamiento» y solicitó que se opte por «el acuerdo» y «el consenso».

Según datos facilitados por el Ayuntamiento, en el año 2017, se tramitaron ante la Dirección General de Licencias y Disciplina un total de 9.160 expedientes, estando pendientes de informe 326, un 3,55% Un total de 13 expedientes disponen de solicitud registrada hace más de diez meses.

Del total de expedientes tramitados en el pasado año, 201 se corresponden con licencias de obra mayor, y hay 332 licencias de primera ocupación. «Puede existir una carga de trabajo en los funcionarios municipales pero, desde luego, no vamos a admitir que se nos acuse a nosotros o los funcionarios de faltar a nuestra obligación», concluyó.