17 conserjes 'en la cuerda floja' por un cambio de adjudicaciones en los colegios públicos

Algunos de los conserjes se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento/Á. M.
Algunos de los conserjes se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento / Á. M.

El gobierno actual ha manifestado su descontento con una situación que, dicen, dejó el Ayuntamiento anterior y puede suponer el despido de 17 personas

Á. M.Granada

Esta jueves, el consejero de educación, Carlos Ruiz Cosano, ha comunicado en rueda de prensa su preocupación por el futuro de 17 conserjes de centros públicos municipales de Educación Infantil, Primaria, Educación Permanente de Personas Adultas y Educación Especial de Granada que desconocen cual será su futuro laboral de cara al nuevo curso.

La contratación de estos empleados, según ha explicado Ruiz Cosano, siempre ha estado amparada por una cláusula de subrogación que les permitía continuar en sus puestos independientemente de la empresa que hubiera obtenido la licitación sacada a concurso por el Ayuntamiento para hacerse cargo de la gestión de la empresa. De esta forma, el consejero ha informado de manera cronológica de los acontecimientos que han llevado a cambiar de empresa adjudicataria y a que (su gobierno) se haya «encontrado con esta situación que ya no tiene solución», ha determinado el concejal.

La administración dejó de pertenecer a Dimoba Servicios, S.L., empresa que se ha hecho cargo desde marzo de 2017 de los 17 centros escolares y que, según ha contado Cosano, presentó su deseo de no prorrogar el contrato por no poder asumir la subida del salario mínimo interprofesional; al grupo Integra -Centro Especial de Empleo-, compañía que se dedica preferentemente a la contratación de personas con discapacidad y que firmó el contrato con el Ayuntamiento el pasado 14 de junio.

El CSIF defiende que «la adjudicación del contrato a una nueva empresa desde el próximo 9 de septiembre implicará el despido de 17 personas con distintas antigüedades en sus puestos». Además, el sindicato denuncia lo que entiende que se trata de una privatización progresiva de un servicio público.

Los 17 afectados aseguran no haber recibido ningún comunicado oficial en el que se registre su despido y denuncian encontrarse en una situación de incertidumbre. «Al no existir un documento que registre nuestro despido, no podemos tomar medidas legales», ha declarado uno de los afectados. De igual manera, dicen sentirse «muy apoyados» por toda la comunidad educativa de los centros escolares afectados y estudian manifestarse en los próximos días.