Confirman el archivo de la denuncia contra el concejal Fuentes tras la absolución del ciberataque

Confirman el archivo de la denuncia contra el concejal Fuentes tras la absolución del ciberataque
RAMÓN L. PÉREZ

La Audiencia respalda la decisión del juez, que descartó que el exconcejal de Personal cometiera delitos de revelación de secretos, falsedad o estafa procesal

Y. H. Y Q. CH. GRANADA

La Audiencia Provincial de Granada ha confirmado la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Granada de archivar la denuncia formulada contra el que fuera concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, el edil Juan Antonio Fuentes (PP), y otros cuatro cargos vinculados al Centro de Protección de Datos del Consistorio, a raíz de la sentencia absolutoria del ciberataque informático municipal registrado el 31 de mayo de 2012.

Los denunciados estuvieron investigados por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y estafa procesal cometida por funcionario público, pero a principios de este año el juez descartó que cometieran esos ilícitos y su conclusión acaba de obtener el respaldo del tribunal provincial. Así consta en un auto dictado el 11 de julio y que desestima el recurso de apelación que interpuso el denunciante contra el 'carpetazo' de la causa.

El denunciante era José Antonio S. R., uno de los dos trabajadores del Ayuntamiento a quienes se responsabilizó del problema de seguridad que se generó en una aplicación informática -Visor Nóminas- que permitía consultar las nóminas municipales. Los otros denunciados eran el director técnico, el subdirector y el responsable de seguridad del Centro de Proceso de Datos (CPD) en aquellas fechas, así como el titular de la Asesoría Jurídica y de Seguridad Informática municipal.

Tanto a Fuentes como al resto se les acusaba de «orquestar toda una ofensiva hacia el ahora denunciante y otro compañero de trabajo» con aquel incidente de seguridad. Sin embargo, el auto ahora confirmado concluyó que cuando el 18 de junio de 2012 Fuentes resolvió remitir a la fiscalía el informe del denunciante y su compañero al concluir que se había producido «vulnerabilidad y accesos presuntamente indebidos» al Sistema Municipal de Información (SIM), «no hizo con ello sino cumplir con su obligación» por su cargo.

La resolución de la Audiencia, a la que ha tenido acceso IDEAL, avala la actuación del juez instructor, «pues -resalta- los delitos que el recurrente insiste han cometido los investigados no cuentan con la apoyatura suficiente para dictar el auto de transformación de previas en abreviado». Ese auto sería el que hubiera provocado que se pasara a la fase de preparación del juicio oral.

La Audiencia, que cree que el denunciante realiza una «valoración sesgada» de las diligencias de investigación practicadas, sostiene que el juez ha analizado «objetivamente» todas las diligencias antes de concluir que los hechos no tienen el alcance penal pretendido.

Para el tribunal, que rechaza expresamente que se continúen practicando diligencias y que declare el inspector jefe de delitos tecnológicos, la «sensación» que se extrae de los pasos judiciales que está dando en la vía penal el denunciante es «el tener paralizado el procedimiento contencioso administrativo». Ese procedimiento versa sobre su petición -denegada- para que se anulara el expediente que se abrió sobre el incidente de seguridad, que ocurrió en 2012.

Por otro lado, las fuentes del caso consultadas indicaron que la Agencia de Protección de Datos ha ratificado la sanción de 4.000 euros que se impuso por una infracción grave derivada de aquel fallo de seguridad.

 

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