Condenan al Estado a pagar a un funcionario agredido por un preso de la cárcel Albolote

Según la sentencia, los hechos juzgados el pasado mes de marzo se remontan a diciembre de 2015 cuando un recluso de la prisión de Albolote golpeó en el cuello a un funcionario y le ocasionó lesiones por las que necesitó 45 días para sanar.

Con la representación sindical de CSIF, el funcionario denunció los hechos como un delito de lesiones y otro de atentado contra la autoridad, la misma calificación de los hechos que relató la Fiscalía.

La sentencia ha absuelto al acusado, un hombre con diez condenas anteriores, al aceptar la eximente completa de anomalía psíquica al entender que el preso no era consciente de sus actos, aunque ha acordado su internamiento en un centro especializado durante dos años y ocho meses.

Al no estar el acusado en pleno uso de sus facultades mentales, la sentencia también ha dictaminado que el Estado, como responsable de la prisión, debía haber adoptado medidas de seguridad para proteger al funcionario de prisiones, lo ha considerado responsable civil subsidiario y lo condena a pagar los 2.550 euros de indemnización fijados si el recluso es insolvente.

El Juzgado de lo Penal 2 ha explicado que la dirección de la cárcel no tuvo en cuenta que el preso tenía un «trastorno delirante persecutorio», por lo que no se activaron las medidas necesarias para evitar sucesos como la agresión juzgada.

El responsable del Sector de Administración General del Estado de CSIF Granada, Francisco Amaya, ha mostrado su satisfacción por una sentencia que defiende «los derechos y la dignidad» de los trabajadores del centro penitenciario e incide en la necesidad de considerar a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad.

En este contexto, CSIF ha promovido una iniciativa para que los funcionarios de prisiones tengan la condición de agentes de la autoridad, similar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y que cualquier preso que los agreda se enfrente a una pena adicional de hasta cuatro años de cárcel.