Comienza el juicio por la trama del catastro, cinco años después de las detenciones

Uno de los dos funcionarios del Catastro implicados, el día de su detención./RAMÓN L. PÉREZ
Uno de los dos funcionarios del Catastro implicados, el día de su detención. / RAMÓN L. PÉREZ

La Fiscalía ha recalcado que la trama corrupta, con acusados que se enfrentan a entre 4 y 18 años de cárcel, se encargaba de modificar las bases de datos del Catastro, un delito de «especial relevancia»

EFEGRANADA

La Audiencia de Granada celebra mañana la primera de las 34 sesiones de juicio previstas contra nueve acusados de formar parte de una trama corrupta que se enfrenta a hasta 18 años de cárcel por modificar datos del catastro, alteraciones que hacían dos funcionarios a los que pagaban el resto de implicados.

Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, de más de 120 folio, la Guardia Civil determinó que las irregularidades en el Catastro de Granada se mantuvieron al menos entre marzo de 2005 y mediados de 2013.

La operación de la Unidad Central Operativa estalló en mayo de 2013 con la detención de uno de los acusados y los registros en la sede del catastro, ubicada en una céntrica calle de Granada.

La Fiscalía ha recalcado que la trama corrupta, con acusados que se enfrentan a entre 4 y 18 años de cárcel, se encargaba de modificar las bases de datos del Catastro, un delito de «especial relevancia» porque su información «tiene una presunción de certeza».

IDEAL lo adelantó

Según la Fiscalía, los funcionarios Fernando G-T.M., jefe del servicio de Gestión, y Antonio M.P., «a sabiendas de su ilegalidad y en su propio provecho», se dedicaron a alterar información de la base de datos del Catastro para ofrecer al resto de acusados resoluciones o certificaciones por las que cobraban.

Las certificaciones falsas, al menos setenta demostradas por los informes de la UCO, han sido de carácter diverso en función de los intereses particulares de los demandantes, que pagaron a Fernando al menos 141.000 y a Antonio otros 104.000 euros.

Estas alteraciones se hicieron por diferentes vías, aunque la más usada tenía su origen en una notaría de Albuñol en la que trabajaba el también acusado Miguel Ángel C.F, que asumía a cambio de dinero peticiones de clientes como regularizar una finca o cambiar el nombre del titular, y que hasta fingía la letra y firma de impresos.

Contaba para hacerlo con Fernando y con la mediación de Manuel M.P, exfuncionario del Catastro de Granada pero muy relacionado con algunos de los trabajadores que tenía durante la investigación.

Desde la notaría se tramitaron cerca de cuarenta expedientes, algunos sin documentación ni justificación y otros con los trámites incoados de manera arbitraria.

También con falsedad se pidieron cambios desde el despacho de arquitectos de Víctor C.G., que solicitó unos veinte expedientes para los que modificó fotografías o la antigüedad de algunas obras, lo mismo que hicieron los hermanos Fernando, Eugenia y Alejandro R.B., que usaron dos empresas para su beneficio personal.

La trama investigadas se cierra con el abogado Juan José M.J., que según la UCO participó con un único expediente alterado.

La Fiscalía ha calificado los hechos como delitos continuados de falsedad de documento público, cohecho y de infidelidad en la custodia de documentos y de otros dos delitos de cohecho y uno más de falsedad de documento y ha pedido penas de entre cuatro años y ocho meses y 18 años de cárcel.

La Sección Primera de la Audiencia acoge mañana la primera sesión de este juicio señalado hasta el 27 de febrero.