El Colegio de Abogados de Granada se querella contra la asesora jurídica de Juana Rivas

IDEAL ha tenido acceso al documento, así como al auto dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, en el que su titular, la magistrada Manuela de la Torre, ha acordado incoar diligencias previas. La jueza justifica su decisión en que «los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». La resolución está fechada el 31 de enero y pide a la entidad colegial que aporte un poder especial para la tramitación de la querella.

La institución granadina pone de relieve que Granados no se encuentra incorporada a ningún colegio de abogados del territorio español y, «por tanto, no es abogada, tal y como se acredita con la certificación expedida por el Consejo General de la Abogacía». A continuación, explica que la asesora jurídica «ha prestado/presta servicios jurídicos consistentes en asesoramiento en materia de derecho civil, penal o laboral, así como servicio de análisis, valoración y seguimiento de las demandas, siendo tales servicios ofertados en la web del Centro Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena, pudiendo hacer creer a los ciudadanos que se prestan por profesionales cualificados, y en tanto esos servicios constituyen actividades propias de la profesión de abogado, están tipificadas como delito en el Código Penal». Ante ello, la entidad que representa al gremio de letrados de Granada sostiene que, como corporación de Derecho Público que es, está legitimada «para la persecución de este delito –supuesto intrusismo– por ministerio de la ley». Así, entre las diligencias que propone practicar para que el juzgado compruebe los hechos que denuncia, está la declaración de la querellada, lo que, en caso de que la jueza lo estime pertinente, haría que Francisca Granados tuviera que volver a pisar los juzgados para ser interrogada.

Cabe recordar que la asesora ya compareció en calidad de investigada a finales del pasado mes de agosto en el marco de la causa por presunta sustracción de menores que se abrió en el Juzgado de Instrucción 2 contra Juana Rivas, si bien las actuaciones acabaron arhivándose para ella. Su citación se produjo para descartar que hubiese inducido a la mediática madre de Maracena a permanecer un mes oculta con sus hijos menores para evitar devolvérselos a su padre italiano, acción que llevará al final a Rivas al banquillo de los acusados.

También piden los abogados que «se requiera al Ayuntamiento de Maracena (...) para que por quien corresponda se certifique por qué personas se prestan los servicios jurídicos ofertados en la web del Centro Municipal de la Mujer y en calidad de qué, con expresión de su titulación académica y capacitación profesional». Otra de las pruebas propuestas es que declare «en calidad de testigo» el alcalde de Maracena, Noel López.

La querella recuerda que para aferrarse a un secreto profesional y ejercer funciones propias de abogado, «es claro que además de ser licenciado o graduado en Derecho, se necesita el título profesional de abogado que expide el Ministerio de Justicia». Es más, subraya que el secreto profesional, al que según indica se habría acogido Granados cuando compareció en los juzgados, «es la piedra angular de la Abogacía».

Según la Real Academia Española, el instrusismo «es el ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello». Lo cierto es que en sus distintas comparecencias públicas ante los medios por el caso Juana Rivas Granados nunca se ha presentado como abogada, sino que siempre ha dejado claro que actuaba como asesora.