Citan a declarar el 4 de diciembre al exjefe de la Policía Local por el 'caso Viogén'

La causa abierta trata de intentar aclarar si agentes de la guardia municipal accedieron de forma «injustificada» a los datos de la expareja de un subinspector que está incluida en el sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género. En el caso de Avilés y en la fase procesal inicial en la que se encuentra, la magistrada ve indicios de la presunta comisión de un delito de revelación de secretos.

Varios agentes que declararon como investigados en esta causa señalaron que accedieron al expediente por orden del oficial. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en junio de 2024 por la víctima y la Guardia Civil puso en marcha una auditoría que ha desembocado en esta investigación judicial.  

Estaba previsto inicialmente que Avilés declarara el pasado mes. Sin embargo, el 16 de octubre la jueza accedió a aplazar la comparecencia. Fue el abogado del oficial, el letrado Rafael López Guarnido, el que solicitó retrasar la declaración judicial para poder tener un conocimiento profundo de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento.

Además de Avilés, estaban citados, también como imputados, otros tres guardias. Todos ellos se prestaron a interrogatorio de las partes y negaron haber cometido cualquier ilegalidad. La instructora había fijado para hoy la declaración de la denunciante. La comparecencia se ha aplazado al próximo 10 de diciembre a petición de su abogado. Recientemente, se ha dividido la defensa de la madre y sus hijas en dos letrados. Por su parte, la representación legal de Avilés ha presentado un recurso al considerar que se ha intentado duplicar injustificadamente la acusación particular.

En la denuncia que motivó la auditoría de la Secretaría de Estado y la Guardia Civil sobre el sistema viogén, así como la investigación del asunto en los juzgados, la víctima expresaba que su expareja, sobre la que pesa una orden de alejamiento de 500 metros, lograba acceder a ella y aseguraba que podría estar recabando información a través del sistema, o bien mediante el uso de las claves de su compañeros o con el acceso voluntario por parte de estos agentes.

La Benemérita consideró que en el seno de la Policía Local de Granada se habrían formulado «consultas que evidenciaban un uso incorrecto del aplicativo porque agentes, que no son responsables del caso ni tienen adjudicada a la víctima, habían efectuado consultas no autorizadas». Un agente de la Policía Local de Granada ha consultado en hasta 37 ocasiones el expediente, pero, de acuerdo con el cuerpo policial, estaba autorizado. Alegaron que sus consultas eran para trasladar a Servicio de Asuntos Internos la información, dado que el agresor se corresponde con un agente del cuerpo con un expediente disciplinado abierto, además de evaluar el riesgo para la víctima.

La Guardia Civil destaca en sus diligencias que por el lugar de residencia de la víctima el seguimiento corresponde al instituto armado y estima que las consultas efectuadas por los policías locales «están injustificadas».

El subinspector, expareja de la denunciante de esta causa, fue juzgado por malos tratos continuados a su exmujer e hijas por el juzgado de lo Penal número 5. El Ministerio Fiscal pide seis años de prisión y el asunto quedó visto para sentencia.