Los ciberdelitos se duplican en Granada en los últimos cuatro años

Los ciberdelitos se duplican en Granada en los últimos cuatro años

Dentro de la delincuencia a través de la red, las estafas son los ilícitos penales más comunes

José Ramón Villalba
JOSÉ RAMÓN VILLALBA

El terreno donde el crimen actúa está cambiando a marchas forzadas. La realidad virtual se impone cada vez más como un lugar idóneo para cometer delitos y como botón de muestra emergen los últimos datos del Ministerio del Interior que ha contabilizado en Granada 1.923 infracciones penales cometidas a través de Internet, sólo los hurtos con 10.015 y los robos con fuerza, con 2.548, superaron a la ciberdelincuencia en 2017, a tenor de las estadísticas registradas por Interior. Dicho de otra manera: la cibercriminalidad copa la tercera posición en cuanto a las infracciones penales cometidas en Granada en 2017, tras hurtos y robos con fuerza. De ser un desconocido hace una década ha pasado a convertirse en uno de los grupos delictivos más comunes.

Dentro del cibercrimen, hay un amplio espectro de delitos: estafas –lo más común–, ataques informáticos, usurpación del estado civil –hacerse pasar por otra persona–, coacciones, amenazas, injurias, pornografía infantil o provocación sexual, entre otros. La reina de la corona son los fraudes y estafas cometidas a través de Internet, desde la venta engañosa de un producto o el abono del alquiler de un apartamento al robo de datos bancarios para efectuar desembolsos económicos. Sólo en este apartado hubo el pasado año 1.404 infracciones penales recogidas por Policía Nacional y Guardia Civil, seguido de amenazas (218), usurpación del estado civil (106); y respecto a delitos sexuales, hubo 40 infracciones penales repartidas en delitos como pornografia de menores (19), abuso sexual (4), acoso sexual (5), corrupción de menores (3), provocación sexual (2) o delitos de contacto mediante tecnología con menores con fines sexuales (7).

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«El 80 o 90% de los casos en los que trabajamos son estafas económicas, mayoritariamente en las compras de productos entre particulares. Y se suelen producir por una falta de cultura de la ciberseguridad. Nos encontramos muchos casos donde la víctima facilita sus datos personales con una ligereza impresionante, como las claves de sus tarjetas o los datos de su documento de identidad. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, en plataformas de poca fiabilidad», apunta un especialista en ciberdelitos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado consultado por IDEAL.

Otro de los grandes problemas, cada vez más presente en las denuncias recibidas tanto por Policía Nacional como por Guardia Civil, son los ataques a través de «ransomware» o bloqueo de archivos de empresas y organismos oficiales. «Se suelen producir en fines de semana, principalmente sábados cuando estas pymes o instituciones no tienen capacidad de reaccionar. Tras infectar el ordenador piden un rescate, generalmente en la moneda bitcoin (3.125 euros equivalen a 1 bitcoin), para desencriptarlo», apunta el agente consultado. Por lo general, los casos que llegan con más frecuencia van dirigidos contra autónomos o pequeñas y medianas empresas. Los rescates que suelen pedir oscilan entre los 400 y 700 euros. Gasolineras, algún despacho de abogados, comercios y restaurantes de esta provincia se han visto en más de una ocasión coaccionados por estos ciberdelincuentes.

7.000 millones al año

Un informe realizado de forma conjunta en 2014 por McAfee –una conocida marca de antivirus– y el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) llegó a la conclusión de que el fraude por la delincuencia cibernética tiene un coste de 7.000 millones al año para España, es decir, unos 150 euros por cada español. El coste al año para la economía global sería de unos 325.000 millones de euros. Este informe hace hincapié en la escasa inversión en seguridad informática que realiza la mayor parte de las empresas, y coincide con otros estudios publicados por diferentes fabricantes de antivirus, como Norton o Karsperski.

Por último, están los casos de acoso por las redes con sus modalidades para conseguir imágenes porno e incluso favores sexuales. «El acceso a las redes sociales está prohibido a menores de 14 años o de 16 en función del sitio. Las familias deben estar muy atentas en este sentido y hablar claro a estos menores de que no pueden facilitar las claves personales a nadie que las pueda utilizar el día de mañana para suplantar su identidad», explica este agente.

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