Más de un centenar de pueblos pierden el 68% de su agua por fugas o fraudes

Lo primero que se necesita es una radiografía exhaustiva de cómo están estos pueblos. De 118 que gestionan el agua por sí mismos ya se han unido al servicio provincial 105 municipios.

Diputación sacará un pliego y adjudicará esta investigación de las tuberías por un millón de euros. Primero liberarán 80.000 euros de los presupuestos de este año y el resto, el año que viene.

El diputado de Medio Ambiente, Antonio Mancilla, explica que lo primero es averiguar las debilidades de cada municipio. En el balance de un año de gestión, el propio presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, apuntó que hay once municipios de la provincia que no tienen control sobre el agua que sale de sus depósitos por lo que esto abre la puerta de un mal uso a los vecinos, prácticas que quieren erradicar para que no se malgaste agua.

Mancilla anotó que estos once municipios no tienen un contador que salga de sus depósitos –ya sean manantiales o pozos– y que, además, existen otros tantos pueblos que no tienen contadores para los vecinos. «Algunos cobran una tarifa plana, otros no tienen los precios actualizados y hay quien cobra hasta en pesetas», manifestó el diputado responsable del Servicio Provincial de Agua.

Este servicio se encargará de gestionar el ciclo urbano del agua en aquellas localidades que así lo soliciten con el fin de asegurar que todos los ciudadanos de la provincia, independientemente de donde residan, reciban un servicio de calidad a cambio de un mismo precio.

En principio, en un primer estudio estimativo, desde Diputación apuntan que el 68% del agua que tienen embalsada este centenar de municipios pequeños se pierde. Los motivos son las fugas –por las roturas de las tuberías– o los fraudes, los enganches ilegales como los de la luz, pero con la red pública del agua.

«Una vez que tengamos estos datos sabremos por qué pierde agua cada municipio y podremos establecer medidas para acabar con estas pérdidas, algo que los ayuntamientos por sí mismos no podrían abordar», señaló el diputado de Medio Ambiente.

Del estudio realizado por Diputación se desprende que el 45% de los municipios que no pertenecen a asociaciones territoriales para la gestión del ciclo integral del agua (que son 115 en total) presentan un estado regular, malo o muy malo de las infraestructuras, y esto afecta al 21% de la población de la provincia.

El bajo rendimiento técnico de las redes es la causa de que el 31,8% de los municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes presenten insuficiencia de dotación de agua, esta cifra es del 19,4% en los municipios de menos de 2.000 habitantes.

Las redes destrozadas de estos municipios funcionan a un 30%, lo que acaba provocando que el agua sea de mala calidad e incluso con declaración de no apta para el consumo humano y riesgo para la salud, «que implica la necesidad de instalar un tratamiento de potabilización adecuado para cada caso, más allá de una simple cloración, con el consecuente sobrecoste del metro cúbico del agua tratada», explican en este informe de Diputación.

De sus resultados dependerá el modelo de gestión que se implante. «Va a ser un proyecto de gasto de 900.000 euros. Todos los alcaldes están muy expectantes y deseosos de que tengamos un servicio profesionalizado y un servicio de agua de calidad en todos los municipios», resaltó el diputado de Agua. Los municipios que pertenecen ya a este servicio provincial tendrán «mayor robustez» ante las situaciones de emergencia ya que se podrá reaccionar con rapidez y bajarán los costes de explotación a igualdad de calidad del servicio, ya que se generarán economía de escala en la contratación de suministros, personal y software especializado. Una vez firmado el protocolo de Gestión Supramunicipal del Ciclo Urbano del Agua en la Provincia de Granada se espera que el servicio entre en funcionamiento en 2026.