Protestas de agricultores
Más de un centenar de agricultores serán multados por las protestas no autorizadas en GranadaLas sanciones dependerán de la valoración final que realice la Subdelegación: las graves van desde 601 a 30.000 euros
Las desesperadas y caóticas protestas del campo que están dejando imágenes como la de agricultores saltando a la autovía A-92 en Albolote para detener, ... brazos en alto, a camiones que circulaban a 90 kilómetros por hora o escenas de los antidisturbios lanzando pelotas de goma y gases lacrimógenos para hacer retroceder a los manifestantes en Huétor Tájar podrían haber costado ya muy caras. Por fortuna no hay que lamentar heridos ni desgracias que hubieran hecho a los participantes haberse arrepentido de estar allí y de las formas, por más razones que tuvieran en el fondo, pero lo que sí van a pagar algunos es un coste económico.
La Subdelegación del Gobierno de Granada tramita ya 147 propuestas de sanciones administrativas a participantes en las protestas que se transformarán en multas de entre cien y 600 euros, en el caso de las que se califiquen como leves y de 601 euros hasta 30.000 en el caso de las que se califiquen como graves.
En total, según lo datos aportados por la Subdelegación, desde que la pasada semana se iniciaron las protestas, en la provincia son 344 los participantes que han sido identificados sobre el terreno. De ellos 147 son los que cuentan, por el momento, por infracciones administrativas o de tráfico que recibirán en los próximos días.
Son los datos oficiales hasta el martes 13, incluyendo las identificaciones que realizaron los agentes de la Guardia Civil a primera hora de la mañana de ayer en el corte de la A-92 a la altura de Láchar. Participaron unos 60 agricultores, se identificó a 25 y hubo 26 denuncias.
De hecho la conversación que mantuvieron con la Guardia Civil, en la que los agentes les advirtieron hasta qué punto se iban a agravar las consecuencias si permanecían en la calzada fue determinante para que los agricultores disolvieran el corte.
Los días clave
La primera de las jornadas de protesta, el martes 6 de febrero, cuando más de un millar de agricultores y 373 tractores cortaron carreteras en seis puntos y la del sábado 10 de febrero, una jornada de tensión en la A-92 en Huétor Tájar, concentran la mayoría de las propuestas de sanción.
En concreto, el martes 6 de febrero, la Guardia Civil interpuso 42 infracciones de tráfico, seis por seguridad ciudadana y se identificaron 31 matrículas de tractores. El sábado 10 de febrero se identificó a otros 96 participantes en las protestas y se incoaron 79 expedientes de infracción. A esto hay que sumar los nueve detenidos en las protestas por enfrentamiento a las fuerzas de seguridad, tanto el día 7 de febrero en Santa Fe como el pasado sábado en Huétor Tájar. Ayer día 13 se produjo la décima detención, pero por los hechos ocurridos el sábado en la A-92. En toda Andalucía la ola de protestas deja 18 detenidos y 1.300 identificados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, según el balance realizado por la Delegación del Gobierno en Andalucía.
Lo que está abierto por el momento –y tardará meses en resolverse– son las cuantías económicas de las sanciones y cuántas de las identificaciones o expedientes abiertos acaban en multa. El artículo 39 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo) señala que las infracciones muy graves llevarán aparejada una multa de entre 30.001 y 600.000 euros; las graves una sanción económica de entre 601 y 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros.
El corte de las autovías encajaría en el marco de las infracciones graves. No obstante, desde la Subdelegación del Gobierno precisan que cada expediente se valora «de forma unitaria», en función de los datos aportados por los agentes sobre el terreno y las consecuencias provocadas. Las propuestas de sanción pueden llegar a archivarse o a traducirse en una sanción administrativa, que se comunica al afectado para que pueda plantear alegaciones.
Además, a los presuntos infractores le queda la vía de acudir al juzgado contencioso administrativo a combatir la resolución adoptada cuando sea firme, si no están de acuerdo. Una vía diferente llevan las sanciones de tráfico, que se tramitan directamente en la DGT y que, según las organizaciones agrarias, habían sido las más frecuentes hasta ahora en las anteriores tractoradas de Granada. Tampoco todos los identificados recibirán un expediente sancionador ni, al contrario, todos los que no fueron identificados en el momento están exentos de multa, ya que los agentes pueden estudiar vídeos a posteriori.
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