Los casos Cifuentes y Casado, según la UGR

Pablo Casado, presidente del PP. /EFE
Pablo Casado, presidente del PP. / EFE

Dos asuntos similares a los que afectan al líder del PP y la expresidenta del Madrid, y que ocurrieron en Granada

C. M. GRANADA.

La Universidad de Granada (UGR) padeció sus propios casos Cifuentes y Casado mucho antes de que estallaran los escándalos Cifuentes y Casado. Es una casualidad, una anécdota si se quiere, pero no deja de llamar la atención, porque las similitudes son importantes.

Es verdad que en los dos asuntos que afectaron a la UGR no hubo implicados famosos, como ocurre con los ya célebres másteres del flamante líder del PP, Pablo Casado, y de su compañera de partido y expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes -a la que el tema ya le ha costado el cargo y su futuro político-, lo cual no quiere decir que no generasen alboroto mediático y produjeran unos cuantos titulares.

En 2008, un profesor dio un sobresaliente a una alumna que ni siquiera se presentó al examen

Además, y a diferencia de lo que sucede con los casos Cifuentes y Casado, que aún están en la fase de investigación, lo que pasó en la UGR ya está sentenciado. Repasar ahora aquellos fallos puede ayudar a escudriñar el porvenir judicial de Casado y Cifuentes... O no. Aquí va la información. Las conclusiones son libres.

Sobresaliente 'por la cara'

En 2008, un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UGR otorgó a una alumna un sobresaliente en un examen al que ni siquiera se había presentado. Gracias a esa calificación, la estudiante en cuestión pudo graduarse.

Nueve años después, el Tribunal Supremo 'sentó cátedra' -y nunca mejor dicho- e inhabilitó al docente en cuestión por haber cometido un delito de prevaricación -dictar una resolución injusta a sabiendas de su ilegalidad-. El Alto Tribunal también condenó a una trabajadora de la facultad que medió para que se consumara el fraude académico, En cambio, la alumna beneficiada e 'instigadora' del engaño -según se desprende de la lectura de la sentencia- fue absuelta, tal y como recordó ayer el diario ABC en una información en la que comparó lo sucedido en la UGR con el caso Casado. Así las cosas, si el Supremo siguiera la doctrina de entonces, el presidente del PP podría quedar exonerado de culpa... O no. El tiempo lo dirá.

Sea como fuere, la estudiante no se fue de rositas. La UGR le quitó el título de licenciada obtenido de forma ilícita. Se quedó sin el fruto del regalo académico que había recibido sin acudir ni un día a la clase de la asignatura objeto del pleito y sin que realizase trabajo alguno para merecer el sobresaliente . «En definitiva: careciendo de cualquier mérito», como concluyó la propia exposición de hechos probados de la sentencia. Se trató, según la resolución, de un puro favor del docente a una amiga, la empleada de la facultad también condenada, que, a su vez, hizo de «intermediaria» para ayudar a una estudiante a la que parece que no conocía.

El magistrado ponente del fallo, Luciano Varela, rechazó los argumentos de la defensa del profesor, que afirmó que la nota de un examen no es una resolución de carácter decisorio dictada en un asunto administrativo, por lo que no que tendría encaje en el delito de prevaricación.

La resolución también estableció que la calificación de un examen no puede sustraerse al delito de prevaricación invocando la libertad de cátedra. Esta figura «nunca constituye una carta en blanco para expedir la acreditación de la suficiencia de conocimientos de modo libérrimo».

Falsedad

El otro asunto que afectó a la UGR se parecería al 'caso Cifuentes', ya que también entra en juego el delito de falsedad en documento público, que es uno de los cargos por los que está investigada la expresidenta de Madrid.

En este sentido, la justicia condenó a un administrativo de la UGR y a su exmujer por entrar en sus expedientes para manipularlos informáticamente y autocalificarse con notas excelentes, pese a que o no se habían presentado a los exámenes o habían sacado notas más bajas.

La Audiencia de Granada les impuso penas de un año y nueve meses y dos años y cuatro meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial, además de dos multas, una de 1.800 euros a él y otra de 1.620 euros a ella.

Este mismo año, el Consejo Consultivo de Andalucía ha autorizado a la universidad a restituir la legalidad. Mediante este último paso burocrático, él perderá al menos siete sobresalientes falsos para recuperar sus aprobados y notables en la carrera de Historia. Mientras que de las notas de su expareja se esfumarán cinco sobresalientes fraudulentos que en realidad fueron «no presentados».

Ambos se declararon inocentes, se culparon mutuamente y pusieron un recurso de casación contra la sentencia. Pero el Tribunal Supremo no admitió la apelación, lo que significaba que el fallo era firme.

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