La capital ratifica que las viviendas turísticas no puedan superar el 10% en todos los barrios

La medida, que es consecuencia de los cambios normativos adoptados por la Junta de Andalucía para ordenar el fenómeno, contó con el único apoyo del PP, que defendió una actuación que impedirá que continúe el «desequilibrio» que se viene produciendo en los últimos años en algunos barrios de la ciudad. PSOE y Vox se abstuvieron por motivos distintos, aunque coincidieron en criticar un tope que, en su opinión, no ataja la situación.

El socialista Eduardo Castillo puso el foco sobre la falta de eficacia del cambio normativo en barrios como el Centro o el Albaicín donde, como reflejaba el estudio encargado por el propio Ayuntamiento hace un año, prácticamente una de cada cuatro viviendas ya es destinada al alquiler turístico. El responsable afeó a los populares que no hayan solicitado al Gobierno autonómico una modificación legislativa que permita ofrecer una solución a estos barrios.

Por su parte, la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez, coincidió en la necesidad de «regular», aunque demandó un análisis «más detallado» de la situación en Granada y reclamó medidas para favorecer la «seguridad jurídica» que exigen los propietarios para poner sus viviendas en el mercado, no criminalizar al sector turísticos y fomentar incentivos para quienes ponen en el mercado sus inmuebles.

El edil de Urbanismo, Enrique Catalina, recordó que su equipo de gobierno está impulsando medidas para aumentar las inspecciones y acabar con los alquileres turísticos ilegales, además de barajar ya incentivos como los que reclama Vox.