«Fui becaria precaria de investigación y ahora me piden 13.920 euros para no perder cuatro años de cotización»

Martínez lleva dando clases desde 1994. Esta medida del Ejecutivo central se traduce para ella en perder tres años y un mes de cotización a la Seguridad Social y tener que jubilarse más tarde. Ni ella ni el resto de investigadores y docentes consultados para este reportaje se niegan a pagar. «No nos negamos a pagar, entendemos que no puede ser gratis», pero despliegan una sería de peticiones que se resumen en pagar solo la cuota de obra; y, además, valora que ese 4,7 % del salario se ha de aplicar al montante económico de su salario base en el momento en que «lo estábamos cobrando y desempeñando nuestro trabajo porque no tiene sentido que se haga en función de las tablas de cotización del año 2024».

En esas demandas, ante la rebelión de las sociedades científicas a nivel nacional y en la que están también los afectados en la Universidad granadina, Martínez señala que quieren que se le reconozca como su grupo de cotización. «Sería grupo 1 (ingenieros y licenciados), ya que ser licenciado/licenciada era condición sine qua non para acceder a las becas. Que se nos quiera reconocer como grupo 7 (auxiliares administrativos) es un insulto. ¿Qué ocurriría si dentro de unos años se cambian los criterios para cobrar la pensión y se tiene en cuenta todo nuestro periodo de cotización (y no los últimos años como ocurre ahora)? Claramente perderíamos pensión», sentencia.

En el manifiesto en el que denuncian «excelencia investigadora sin derechos laborales» y que «España ha maltratado y maltrata a su personal investigador» suman el apoyo de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que pide al Gobierno una rectificación de esta orden ministerial y que «corrija sus graves deficiencias».

Francisco Hernández Torres es otro de esos perjudicados. Es profesor titular del departamento de Bioquímica, Biología Molecular III e Inmunología de la Facultad de Medicina de la UGR. Tuvo cuatro años la beca FPU y afectados, fueron tres años y tres meses. Hizo su tesis doctoral en el departamento de Biología Experimental de la Universidad de Jaén. Tendrá que pagar con esta nueva medida 11.300 euros, cuando debería haber pagado 1.830 euros, según calcula. Pierde tres años y tres meses de cotización en su caso.

Él empezó a dar clases en 2004. Y, su jubilación por extensión se prolonga tres años y tres meses después de lo que podría hacerlo, que es a los sesenta y nueve. Por lo tanto, se jubilaría a los setenta y dos años. Hernández hace hincapié en que no es solo el tema de pensión, esta orden afecta también a todo lo que da acceso el tener un periodo de cotización u otro en la Seguridad Social, desde la viudedad, que le pueda quedar a su pareja e hijos al resto de prestaciones.

Francisco Javier Durán Ruiz, profesor titular Derecho Administrativo de la UGR, fue becario FPU entre 2002 y 2005 en el departamento que ahora es titular (solo estuvo de alta desde marzo hasta diciembre de 2005). Lleva dando clases 22 años. «En su momento éramos muy conscientes de que se estaban vulnerando nuestros derechos laborales al no contratarnos. En mi caso colaboré con la Federación de Jóvenes Investigadores cuando se comenzó a empezar a solicitar el 2+2 (al menos los dos años finales de contrato), pero de mis cuatro años como becario de investigación, impartiendo docencia y haciendo las mismas tareas que el resto de profesores, sólo estuve cotizando los últimos nueve meses», admite. No obstante, lamenta que «ahora el Estado, que se ahorró cotizar por nosotros, nos quiera pasar una factura, en mi caso de más de 15.000 euros por unos derechos que no nos quiso reconocer, me parece de una injusticia y un abuso indignante».

Raquel Durán Ogalla, profesora titular de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UGR fue becaria, cuatro años, FPDI de la Junta de Andalucía, afectados dos años (beca 2 y contrato 2) para su tesis; después estuvo dos años con beca postdoctoral Fundación Martín Escudero, afectados otros dos años. Hizo su estancia postdoctoral en el Institute of Neurology del University College of London. Con la medida actual tendrá que pagar cuatro años, cuarenta y ocho meses, o sea, 13.920 euros, cuando debería haber pagado 2.800 euros, según cuenta. Ella pierde cuatro años de cotización y la jubilación, cuatro años más tarde sino paga.

Los colectivos denunciantes califican como «un jarro de agua fría» lo que les ha pasado. «No se nos ha aplicado ninguna norma específica que nos diferencie de los demás becarios, con estudiantes de prácticas de Formación Profesional o de licenciatura». Esa normativa es la del convenio con la Seguridad para los antiguos becarios, orden ISM/386/2024, de 29 de abril por la que se regula la suscripción de convenio especial con la Seguridad Social a efectos del cómputo de la cotización por los períodos de prácticas formativas y de prácticas académicas externas realizadas con anterioridad a su fecha de entrada en vigor.