La batalla por la subida salarial augura nuevos conflictos en los próximos meses en Granada

El impuesto a la pobreza que supone la subida del IPC está haciendo perder poder adquisitivo a miles de trabajadores y propiciando un choque de trenes con las empresas, que apelan a «la realidad y responsabilidad» para no alimentar más la espiral inflacionista con subidas salariales.

Los sindicatos no dudan ya de que, uno tras uno, todos los convenios pendientes de negociación y los que seguirán venciendo en 2022, van a chocar con la misma piedra en la que lo han hecho las negociaciones de Inagra y Rober, cerradas finalmente con subidas salariales.

Las estadísticas del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos de la Junta, ya reflejan el repunte de conflictividad con 38 expedientes de convenios colectivos, de sector y de empresa, abiertos en lo que va de año y nueve previos a convocatorias de huelga. Son ya más conflictos con huelgas que en todo el año 2021, cuando fueron ocho, de un total de 54 expedientes de convenios.

Si se tiene en cuenta que en el verano y la recta final de año la experiencia del Sercla dice que aumenta la conflictividad, todo apunta a que este año 2022 se puede ir pareciendo más a los ejercicios en los que la anterior crisis económica fue más profunda, cuando al Sercla llegaban más de un centenar de conflictos laborales.

Por lo pronto, después de años de parón por la crisis de la covid, han vuelto las reuniones maratonianas al Sercla. Mañana lunes, se sientan los representantes de patronal y sindicatos para tratar de desbloquear la negociación del convenio del sector del manipulado de frutas, con ocho mil trabajadores en la Costa, que tiene una convocatoria de huelga a partir 27 de junio.

Pero ademas, en Granada, en estos momentos están abiertas las negociaciones para renovar convenios provinciales de sectores clave como como la hostelería, el campo y otros más pequeños como madera y despachos.

«La conflictividad se va a ir trasladando a todos los sectores y a los convenios de empresa, va a ir a más de aquí a final de año, vienen negociaciones muy duras», esgrime sin dudarlo Eloy Jiménez, responsable de la asesoría jurídica del sindicato CSIF. Por su experiencia como mediador en las negociaciones abiertas, afirma que todas se están topando con el «muro» de la negativa de la patronal a subir salarios. Recuerda que la mayoría de los convenios colectivos se pactaron por dos o tres años con subidas vinculadas a la inflación en un momento en el que estaba muy controlada, al 1,5%.

De repente en 2021, el IPC se colocó en un 6,5% a final de año, por lo que de golpe, miles trabajadores granadinos amparados por estos convenios tuvieron que asumir que eran un 5% más pobres.

Pero es que la situación ha ido a peor en 2022, cuando además de la luz y la gasolina las subidas de precios desbocadas golpean ya de forma directa a la cesta de la compra. «En 2022 la subida del IPC quedará entre un 6,5% y un 9%. En dos años estamos hablando de una pérdida del 15% de poder adquisitivo para trabajadores con sueldos en muchos casos ajustados. Se le está pidiendo a la gente que se empobrezca a cambio de nada y no puede ser. Toda la factura de la crisis no puede recaer en la espalda de los trabajadores», resume tajante.

El análisis del secretario general de CC OO Granada, Daniel Mesa, es que se está viviendo «una reacción regresiva por parte de las empresas a la mejora de derechos que se ha conseguido con la reforma laboral y el SMI».

Mesa esgrime que la patronal está logrando beneficios al repercutir la subida de costes en los precios finales y apunta también que en los dos últimos años las empresas han recibido inyecciones de dinero público vía ayudas para sobrevivir a la pandemia o salvaguardar el empleo con los ERTE.

«Ahora están siendo muy poco solidarios en el reparto de la riqueza», recrimina Mesa, que cree que la patronal se equivoca con su oposición a subir salarios porque, a su juicio, es la mejor forma de generar actividad económica, «más en provincia como la granadina depende mucho del consumo interno».

Esgrime por ejemplo, que el escenario récord de exportaciones de hortofrutícolas no casa con el bloqueo de las negociaciones del sector del manipulado en estas empresas.

«Si siguen instaladas en el mensaje catastrofista de que no se puede subir estamos abocados al conflicto», reflexiona.

En la misma línea incide el secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, que ve necesario que los nuevos convenios incluyan aumentos de salarios «no solo en consonancia con el momento que vivimos de inflación, sino también en relación con la subida de precios por parte de las empresas, que les da beneficios extraordinarios». «Los empresarios no pueden callar cuando ganan mucho, y no suben los salarios, y quejarse cuando ganan poco», subraya.

En su caso pone como ejemplo, el sector de la hostelería, donde la negociación del convenio también está siendo problemática. «Han subido los precios casi un 30% y eso no se traslada a los trabajadores del sector. No hay ninguna razón para que las personas trabajadoras no vean aumentados sus sueldos», incide Martín, que cree que en Granada existe «un problema muy serio» con los sueldos.

«La subida del IPC nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos con los convenios colectivos, por tanto las patronales granadinas tienen dos alternativas, o se sientan a negociar seriamente con las organizaciones sindicales, y ayudan a desbloquear todos los convenios colectivos que hay abiertos en la provincia, o la conflictividad irá en aumento, que no se quejen, que no digan que no se les ha avisado», advierte.

Desde UGT, plantean una subida de salarios general a tres años, con un aumento 3,5% en el primer ejercicio, un 2,5% el segundo y un 2% el tercero, y una cláusula de revisión salarial para garantizar que los trabajadores no pierdan poder de compra.

«La patronal granadina tiene que ser consciente de que, mediante una negociación tranquila o en un proceso de conflicto social, se logrará. Así, no tiene sentido entrar en un proceso de confrontación», sentencia.

Por su parte, desde la Confederación Granadina de Empresarios ven «con gran preocupación» cómo las negociaciones de varios convenios colectivos de empresa y de sector están bloqueadas «por las posturas inasumibles de los sindicatos, que pretenden ligar las subidas salariales al IPC».

«Ni nuestras empresas ni nuestra economía pueden asumir que los salarios suban en función del IPC, que en los últimos meses se ha desbocado como consecuencia de la crisis energética. Tenemos que recordar que la subida de precios nos está afectando a todos, también a las empresas, y que aprobar incrementos salariales paralelos al IPC solo nos llevaría a alimentar una nueva subida de precios», valora la secretaria de la CGE, María Vera.

Además reclama «responsabilidad y coherencia» a las organizaciones sindicales en la negociación de los convenios y tablas salariales. «En un contexto económico como el actual, en el que nos estamos alejando de la recuperación, no tienen cabida posturas inmovilistas y alejadas de la situación real de la empresa», indican desde la organización empresarial.

«Tenemos que ser responsables y realistas, evitando alimentar una espiral inflacionista que solo nos puede llevar a una nueva subida de precios. No lo decimos solo las organizaciones empresariales. Las recomendaciones del Banco Central Europeo alertan del riesgo económico que supondría trasladar el alza del IPC a los salarios», concluye.