El Ayuntamiento ordena el desalojo del medio centenar de cuevas de la Alhambra

Eileen es holandesa, recién llegada a Granada, y vive en una de las cuevas de la Alhambra. :: pepe marín/PEPE MARÍN
Eileen es holandesa, recién llegada a Granada, y vive en una de las cuevas de la Alhambra. :: pepe marín / PEPE MARÍN

Urbanismo identifica a los dueños de los terrenos de los habitáculos y, caso de que no cumplan, actuará de forma subsidiaria por razones de seguridad

Javier F. Barrera
JAVIER F. BARRERAGRANADA

El asentamiento de cuevas en la Alhambra alcanza ya el medio centenar, están todas habitadas y conjugan una serie de peligros que la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada que dirige el edil Miguel Ángel Fernández Madrid se ha juramentado en solucionar. Los terrenos por los que se despliegan son tan bonitos como la propia Alhambra que observa. Se trata de la ladera del Darro y la Fuente del Avellano frente al Sacromonte, del barranco Bermejo, el camino de la Solana y los pinares de Monflor. Se trata, por encima, de la Silla del Moro y la Acequia Real de la Alhambra.

Los peligros que acumulan son diversos y están perfectamente señalizados por el decreto de Urbanismo de fecha 10 de octubre del presente año, que refleja que la mayoría de las cuevas están ubicadas en suelo no urbanizable perteneciente al Plan Especial Alhambra y Alijares. Las cuevas «son antiguas y, en general, pequeñas, excavadas en la 'formación Alhambra', formación sedimentaria ligada a abanicos aluviales redepositados, compuesta por conglomerados poco cementados con una matriz arenolimosa, a veces arcillosa, y niveles arenosos y arcillosos intercalados que no garantizan la estabilidad de las cuevas. La puesta en uso de antiguas cuevas, las obras de acondicionamiento y las nuevas construcciones se realizan sin control técnico y sin la adopción de medidas de seguridad». Es decir, que si vives y duermes en estas cuevas, te la juegas.

Numerosas irregularidades

Los técnicos de Urbanismo han identificado un cúmulo de irregularidades, quebrantos de la ley y peligros para la integridad física, de seguridad, de salud pública y riesgos sobre el propio patrimonio. Sobre los riesgos para la integridad física de las personas, en primer lugar, constatan la inestabilidad del terreno, ya que «el frente de cuevas está muy alterado y la cubierta en general es poco resistente, lo que produce desprendimientos». Además, especialmente peligroso es que «hay bóvedas de cuevas con humedades». También dan cuenta del incremento de la probabilidad de incendios forestales, ya que «en el exterior de las cuevas hay zonas de hogar donde se hace fuego, y chimeneas y hay estufas en el interior. Las cuevas se localizan en el borde del pinar del monte público Dehesa del Generalife, en zona de pastizal, por lo que toda la zona tiene alto riesgo de incendios».

Sobre los riesgos para la salud pública, el decreto de Urbanismo dice que «están asociados a la falta de condiciones de habitabilidad y salubridad que hay en las cuevas que se encuentran habitadas y a los vertidos y desechos que se acumulan en su entorno. Todas las cuevas presentan riesgos para la salud pública por falta de condiciones de habitabilidad y salubridad. No poseen baños, aseos o sistemas de saneamiento, por lo que los vertidos fecales permanecen en el entorno de las cuevas. Se han observado además riesgos por falta de salubridad asociados a problemas de humedades. La acumulación de basuras y desechos incrementa los problemas por transmisión de enfermedades por vectores».

«Las ocupaciones en cuevas suponen un fuerte impacto sobre el patrimonio cultural»

También detectan severos riesgos sobre el patrimonio: «Las ocupaciones en cuevas, escriben, suponen un fuerte impacto sobre el patrimonio cultural y natural asociado al incremento de la probabilidad de incendios forestales, la alteración del paisaje por ocupaciones con toldos, chamizos y enseres, la acumulación de desechos y vertidos, la formación de veredas etcétera».

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, explica que «el Ayuntamiento de Granada no tiene terrenos en esta zona de cuevas». Lo que ha ocurrido es que «el Patronato de la Alhambra ha denunciado las cuevas y el juzgado nos ha comunicado que «se tomen las medidas que se estimen oportunas para la protección de las personas y los bienes». Así que «en Urbanismo abrimos correspondiente expediente y mandamos los técnicos que, tras su trabajo y diagnóstico, se ha convertido en un decreto que ordena a los dueños de los terrenos a una serie de acciones».

«Los riesgos para la salud pública están asociados a la falta de higiene y salubridad»

Lo que ordena el decreto, en efecto, es el desalojo de las cuevas. Concretamente, y con plazos diversos pero ajustados a los distintos propietarios, «se ordena desalojar las cuevas priorizando las actuaciones en cuevas en riesgo para la integridad física de sus ocupantes». En segundo lugar, ordena «limpiar el interior de las cuevas, retirando basura y enseres abandonados y limpiar el espacio exterior de las cuevas de basuras, de enseres con objeto de minimizar los problemas de salubridad, evitar nuevas ocupaciones, reducir el riesgo de incendios y eliminar el impacto visual».

El Decreto de Urbanismo es denso y prolijo, no deja ninguna cuestión al azar, por ejemplo, ordena asimismo «retirar todas las construcciones ilegales del exterior de las cuevas». Y también, «proceder al cierre y clausura de las cuevas mediante el relleno y cierre con fábrica de bloque so mampostería y en caso de ser posible mediante su hundimiento para evitar la ocupación».

«En el exterior de las cuevas hay zonas de hogar donde se hace fuego, y chimeneas»

El Decreto de Urbanismo ha sido ya enviado a los dueños de los terrenos donde existen ya este medio centenar de cuevas, se trata de dos particulares, la Conferencia Hidrológica del Guadalquivir, Bankia, el propio Patronato de la Alhambra y el Generalife y la Junta de Andalucía.

En el decreto, que marca los plazos exactos para que se proceda al desalojo de las cuevas, también se salvaguarda la posibilidad de la ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento de Granada, de modo que, explica Fernández Madrid, «lo llevaremos a cabo nosotros mismos», aunque reconoce que el plazo se volverá a alargar porque hay que cumplir las normas y elevar las pertinentes sanciones, sus notificaciones y demás. Pero hay que pensar que todos los dueños cumplirán lo que se ordena en este decreto, porque viene directamente del Juzgado».

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