El Ayuntamiento inicia los trámites para que medio centenar de cámaras vigile la capital

Una cámara de tráfico ubicada en Reyes Católicos. /ALFREDO AGUILAR
Una cámara de tráfico ubicada en Reyes Católicos. / ALFREDO AGUILAR

El objetivo es grabar la señal en directo que emiten los dispositivos destinados al control del tráfico para prevenir y esclarecer actos delictivos

Javier Morales
JAVIER MORALES

El Ayuntamiento de la capital ha iniciado la tramitación del proyecto para convertir en dispositivos de grabación las cámaras que muestran el tráfico de la ciudad en tiempo real. Es una de las medidas acordadas a finales del pasado agosto en la 'cumbre' de seguridad donde se diseñó el plan para blindar el Centro y los principales monumentos contra la amenaza yihadista. En diciembre, el Ayuntamiento dio los primeros pasos para obtener la autorización, un visto bueno que firma la comisión de garantías de videovigilancia de Andalucía. En los últimos meses, Ayuntamiento y Policía Local han redactado los primeros documentos.

El trámite podría alargarse, como mínimo, medio año. Es el plazo que maneja el jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno. Coincide en el diagnóstico la responsable del área de Seguridad, Raquel Ruz, quien señala que «el procedimiento es largo». El ejemplo más reciente es la tramitación de las cámaras de videovigilancia 'antigrafiti' del Albaicín. La voluntad política de instalarlas se manifestó en el año 2011, pero no estuvieron plenamente operativas hasta mediados de febrero de este año.

No obstante, el proceso administrativo –en el que ya ha entrado la iniciativa, adoptada tras los atentados yihadistas de Barcelona– se resolvió entre septiembre de 2015 y marzo de 2016. Fue en aquel momento cuando se publicó en el BOP la licitación del contrato para la instalación de las cámaras.

El retraso posterior se acumuló debido a la propia tramitación del expediente, las tareas para eliminar los grafitis y la configuración de las cámaras para que la señal llegara correctamente a la sede de la Policía Local en Huerta del Rasillo. En este caso, la idea es utilizar las mismas cámaras que hay instaladas para vigilar el tráfico en tiempo real, lo cual reduciría los plazos:no habrá que adquirir nuevos 'ojos' ni instalarlos. Pero sí es necesario invertir en la infraestructura que permite grabar las imágenes.

El Ayuntamiento cerró en abril el plazo de presentación de ofertas para el contrato de mantenimiento de los sistemas de seguridad en los edificios y espacios públicos municipales. Entre estos sistemas está el 'videowall' –un muro repleto de pantallas– de Huerta del Rasillo, desde el cual la Policía Local maneja las cámaras de videovigilancia; por ejemplo, las que controlan las pintadas en el Albaicín.

El conflicto con la privacidad

Al margen de la infraestructura, el proyecto queda supeditado al visto bueno de una comisión dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Luego tendrá que aprobar el expediente la Delegación del Gobierno en Andalucía. Para lograr esta autorización, el Ayuntamiento debe explicar que el uso de las cámaras está justificado y que no es posible acudir a medidas alternativas para garantizar la seguridad. La videovigilancia invade la privacidad, por lo que «su utilización en lugares públicos tiene una finalidad específica de seguridad en beneficio de la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como de prevenir la comisión de delitos, faltas e infracciones relacionados con la seguridad pública».

Así lo señala la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En el caso de las instaladas en el Albaicín, por ejemplo, el propio programa de control es capaz de detectar cuándo se está produciendo una infracción para comenzar a grabar las imágenes. El sistema que se encuentra instalado actualmente en la capital es distinto:las 91 cámaras, de las cuales 60 se pueden contemplar a través de la web de Movilidad en tiempo real, no graban, sino que transmiten la imagen 'en directo'. De todas ellas, un tercio manda actualmente señal a la comisaría municipal.

La idea del Ayuntamiento es «tener acceso desde la Policía Local a esas cámaras que ya hay; sería grabar esas imágenes, no es hacer una instalación de cero, porque cableado y cámaras están colocados, sólo habría que adaptar la tecnología», cuenta Raquel Ruz. Para poder cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), las imágenes no podrán permanecer en los medios de almacenaje más de 30 días.

El jefe del cuerpo, José Antonio Moreno, confía en la aprobación del proyecto. España está en nivel 4 de alerta antiterrorista desde mediados de 2015, y los atentados de Barcelona sirvieron para que las autoridades y cuerpos de seguridad pusieran la lupa en las capitales más turísticas. Ya se adoptaron medidas como la colocación de maceteros y coches de policía para taponar algunas de las arterias más concurridas con el objetivo de prevenir atropellos intencionados. También se volvieron a levantar las pilonas móviles que habían dejado de funcionar en 2013.

Uno de los informes que están sobre la mesa para obtener la autorización recoge las cifras de criminalidad que maneja la Policía Nacional. Las cámaras, explica Moreno, se colocan «por razones de orden público» y la comisión tendrá que sopesar si hay otros medios para bajar esas cifras. En 2008, Torres Hurtado solicitó ante la Subdelegación del Gobierno y el TSJA permiso para vigilar algunas calles del Centro contra los robos. Fue denegado.

«Es cierto que en delincuencia común somos de las capitales más seguras de España. Por delincuencia no estaría justificado, pero sí por la alerta terrorista (...) Para detectar conductas sospechosas e identificar a coches y conductores» en caso de incidentes, prosigue Ruz. «La situación que ahora tenemos no es igual que la del año 2008».

Más de 2.000 cámaras ayudan a controlar las calles y los edificios públicos de la capital. La señal de 285 de ellas llega a las instalaciones de Huerta del Rasillo, donde dos paredes de pantallas sirven para visualizar estos 'ojos' mecánicos. Dispositivos 'inteligentes' cuyo precio llega a superar los 2.000 euros. Al margen de las ubicadas para evitar los grafitis y las situadas en edificios y espacios públicos, las de tráfico serían las primeras dedicadas a vigilar (con grabación) las calles de la capital.

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