El Ayuntamiento de Granada tendrá que indemnizar a cuatro vigilantes por cubrir sus plazas con policías

El motivo fue que el Consistorio había disminuido radicalmente el número de horas de vigilancia privada, de las 26.400 en 2012 a las 14.713 en 2017. Eso provocó que la empresa que se hizo con el servicio ese año tuviera que prescindir de cuatro guardas de la concesionaria anterior a los que estaba obligado a subrrogar. Los despedidos denunciaron el cese y ahora un juez les acaba de dar la razón en sus demandas.

Una sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Granada señala al Ayuntamiento como responsable del despido improcedente de los cuatro vigilantes. El Consistorio tendrá que indemnizarlos con 73.060 euros en total al considerar el magistrado que sus puestos de trabajo no se suprimieron, ni se amortizaron, ni desaparecieron, sino que fueron asumidos por la corporación para ser prestados por la Policía Local.

Los cuatro demandantes habían desarrollado labores de vigilancia en diferentes dependencias municipales –complejo de Los Mondragones, Centro Municipal de Servicios Sociales, Ayuntamiento, Auditorio Manuel de Falla, Palacio de los Córdoba y Gran Capitán, entre otros– durante numerosos años. El más antiguo de ellos, M.R.R., había prestado servicio desde noviembre de 2002, tal y como confirmó la concesionaria anterior. Los otros tres, A.A.G, S.G.G. y J.S.B., desempeñaban las mismas labores desde 2008, 2009 y 2010 respectivamente.

En 2017, el Ayuntamiento sacó a concurso el servicio, que ganó una empresa diferente a la que había ostentado la contrata hasta entonces. Entre las cláusulas acordadas por el Consistorio y la nueva concesionaria se encontraba la subrrogación de la plantilla que venía desempeñando las labores. En total eran 16 los empleados que debían integrarse en la compañía, aunque sólo diez pasaron a la nueva estructura al final. Fue así como cuatro de los despedidos denunciaron el caso en el juzgado demandando improcedencia.

Iniciado el proceso judicial, la concesionaria adujo que la subrrogación no se produjo «al haberse reducido las horas de la contrata» a 14.713 horas en 2017 y 14.664 en 2018. Asimismo alegó que al no haberse suprimido los puestos ni desaparecido las horas de servicio de vigilancia, sino que fueron asumidas por el Ayuntamiento a través de la Policía, se debía condenar a la misma.

Por su parte, el Consistorio consideraba que el pleito no debía involucrarla y alegó «la falta de legitimación pasiva de la corporación» en el caso, algo que fue desestimado por el juez al considerar que, «como emprsa principal y dadas las características existentes en el caso enjuiciado en el que se redució la contrata preexistente», era correcta la llamada al pleito.

Según revela la sentencia, el magistrado interrogó al superintendente de la Policía Local de Granada, que confirmó con su testimonio el movimiento libre de horas de un punto de vigilancia a otro y que los servicios habían sido asumidos en parte –Palacio de los Córdova, Auditorio Manuel de Falla y Gran Capitán principalmente –por los agentes municipales.

En su fallo, el juez ha estimado las demandas de los vigilantes al considerar que «se ha producido el despido improcedente de los demandantes por el Ayuntamiento, condrecho a indemnizarlos o readmitirlos en las condiciones que tenían». El magistrado ha fijado una indemnización de 29.342 euros para M.R.R., 16.096 euros para A.A.G., 14.524 euros para S.G.G. y 13.096 euros para J.S.B. Asimismo ha absuelto a las dos empresas concesionarias.