El Ayuntamiento de Granada reclama a Diputación la tasa de vertederos del año pasado

La tasa entró en vigor el año pasado como consecuencia de la aprobación de la nueva normativa estatal que grava el tratamiento de biorresiduos. Según refleja la ley, su abono corresponde a los entes que generen la basura que requiere tratamiento. En el caso de Granada, el impuesto supone un importe de alrededor de 2,4 millones de euros cuyo primer pago el Consistorio considera que debe afrontar el ente provincial. La decisión, según justifica el portavoz del Ayuntamiento, Jorge Saavedra, no deriva de un conflicto con el actual equipo de Diputación, «que ha hecho correctamente su trabajo», sino que es consecuencia de la gestión del impuesto que hizo la anterior corporación.

Saavedra recuerda que la tasa debía empezar a abonarse el 1 de enero de 2023. Sin embargo, según denuncia, la Diputación no informó de que el Consistorio debía hacerse cargo hasta después de las elecciones, cuando se produjo el cambio de gobierno. Fue el nuevo equipo de Francis Rodríguez el que comunicó a los municipios la situación y, según indica el portavoz, dio tiempo para que estos pudieran hacer los trámites normativos necesarios para el abono de la factura de 2024. En el caso de la capital, la medida fue aprobada en el pleno de noviembre con el apoyo de populares y socialistas y el único rechazo de Vox y entró en vigor el pasado 1 de enero.

El problema está en la anterior factura, la del ejercicio de 2023. Sin presupuesto consignado y sin reflejo en las ordenanzas, no queda claro quien debe hacer frente a la misma. La opinión del Ayuntamiento de Granada es que, por la falta de diligencia del anterior equipo de Diputación, es el ente provincial el que debe hacerse cargo de la tasa en ese solo ejercicio.

«Nosotros nos encontramos con la sorpresa de un impuesto que crea el Gobierno de España para los vertederos y no había nada hecho. Cuando la Diputación lo solicitó, nos pusimos en marcha de inmediato y lo aprobamos con el apoyo, curiosamente, del PSOE. Ha entrado en vigor en 2024 y se va a pagar. Sin embargo, la de 2023 queda en el aire. Lo que hemos hecho es recurrir a la Diputación porque el equipo anterior debería haber iniciado el procedimiento para que la tasa se modificase a 1 de enero de 2023. Ese es el fondo del recurso que interpusimos hace poco», explica Saavedra.