El Ayuntamiento de Granada espera incrementar la recaudación fiscal en cerca de un millón de euros

La concejala ha explicado que el expediente tiene como origen la adaptación de las ordenanzas fiscales previas a la legalidad. Según ha detallado, el Consistorio estaba aplicando tipos diferenciados a usos que no contemplaba la ley, como locales dedicados a exposiciones y congresos, discotecas, clubs, bancas o seguros, entre otros. Ahora, se han eliminado y se han incluido en las categorías que establece la normativa.

A partir de ahí, según ha aclarado la edil, se ha bajado el gravamen a los locales comerciales del 1 al 0,9% y se han tocado los umbrales, lo que va a permitir «tener más contribuyentes, pero de manera más justa». Ese tipo diferencial «solo afectará a aquellos locales que tengan un valor catastral superior a los 138.000 euros», por lo que, como ha defendido la edil, «no afecta al comercio tradicional sino a negocios que son de sociedades». También se ha modificado en los negocios de uso industrial, que se gravaban al 1% a partir del valor catastral de 425.000 euros y ahora será a partir de los 100.150 euros.

Tanto Pallarés como Saavedra han insistido en que el comercio tradicional «no verá mermado un céntimo el IBI en las próximas ordenanzas y pagará exactamente lo mismo por los locales». «Quien diga lo contrario, no conoce las ordenanzas o falta a la verdad». 

Sobre las rebajas de los tipos, ha reconocido que no es «grande» y que al gobierno municipal le hubiera gustado ser «más ambiciosos». Sin embargo, ha recordado que la situación económica en 2024 seguirá siendo «difícil» porque «lo que nos hemos encontrado, un agujero de 18 millones para el que no teníamos recursos y una complicación con los grandes contratos, no es la que nos habían contado».

Desde el equipo de gobierno ha insistido en que el «compromiso» es «ir bajando los impuestos a los granadinos y a quienes crean riqueza» y ha remarcado el «paso importante» que supone la aprobación de las ordenanzas para «tener unas cuentas en tiempo y forma después de muchos años de cuentas prorrogadas e intentos fallidos».

La respuesta de la oposición ha llegado después en la comisión. La edil socialista Raquel Ruz ha pedido que se deje el expediente «sobre la mesa» al considerar que las modificaciones planteadas «van a ser un perjuicio para las pymes». La concejala ha criticado que el Ayuntamiento dé a los negocios «la puntilla» y ha abogado por «repensar» la modificación para lograr «proyectos que impulsen la economía y no sean un lastre». «Tenemos dudas», ha reconocido.

Por parte de Vox, su portavoz, Beatriz Sánchez, ha mostrado su satisfacción por que el expediente se modifique para adaptarse a la ley, como defiende el gobierno municipal, pero ha reconocido «dudas». «Echo en falta cosas básicas, como un informe económico que valore lo que se gana o se deja de ganar o los comercios que se ven afectados», ha dicho antes de abstenerse en la votación.

Ahora, con el expediente aprobado, la modificación pasará al pleno, donde se espera que el PP pueda sacarlo adelante con su mayoría absoluta. Posteriormente, los grupos tendrán 30 días para alegar y presentar sugerencias. Se espera que la iniciativa pueda ser aprobada de manera definitiva en noviembre.