El Ayuntamiento de Granada espera obtener 600.000 euros con sanciones a las empresas de parques y jardines

La Junta de Gobierno Local aprobó un punto en el que impone «penalidades» a la empresa Grupo Raga SA

R. I.

El Ayuntamiento de Granada espera obtener alrededor de 600.000 euros gracias a las sanciones impuestas a dos empresas de parques y jardines, que obtuvieron la concesión municipal en las dos zonas en las que se encuentra dividida Granada para la explotación de la conservación y mejora de los parques y jardines de la capital.

La Junta de Gobierno Local aprobó un punto en el que impone «penalidades» a la empresa Grupo Raga SA, adjudicataria del contrato de servicios de conservación y mantenimiento de los espacios verdes y arbolado urbano de la ciudad durante varios años. En concreto, el equipo de gobierno municipal exige a Grupo Raga alrededor de 200.000 euros por no realizar unas jornadas de formación con los empleados que habían sido contratadas en los pliegos de adjudicación del contrato de la zona A del ajardinado. El mantenimiento de esta parte de la ciudad está ahora mismo en manos de la empresa Eulen, después de que el pasado mes de julio se renovara el contrato de adjudicación.

Zona B

La situación no fue muy distinta con Ambitec Servicios Ambientales cuanto esta se encargó de la otra área de parques y jardines de la capital, la zona B. En este caso, las jornadas de formación sí se impartieron a los empleados, pero no se cubrieron con personal extraordinario las ausencias que se generaban porque los profesionales habituales se estuvieran formando. Por esta infracción, que ahora mismo se encuentra en la fase de concesión de plazo para alegaciones a la empresa, el Ayuntamiento de Granada reclama en torno a 400.000 euros. Se da la circunstancia, además, de que esta misma empresa fue la que obtuvo en abril de este año la adjudicación de la explotación del mantenimiento de la zona A, por lo que actualmente está prestando el servicio de mantenimiento del ajardinado en la mitad de la ciudad y siendo reclamada por el consistorio por no cumplir el contrato ya finalizado de la otra zona de la ciudad.

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