El caso de las audioguías de la Alhambra, pendiente de que el juzgado abra juicio oral

En dicha resolución, el magistrado que ha llevado las riendas de esta investigación, el juez Antonio Moreno, recogerá los cargos que han formulado las acusaciones existentes en el proceso. Aparte de la acusación pública que ejerce la Fiscalía Provincial de Granada, están personados también el Partido Popular (PP) y la propia Junta de Andalucía, en su caso como acusación particular.

La última novedad en la causa que había trascendido a los medios de comunicación había sido un auto dictado por la Audiencia Provincial de Granada que incluía en la relación de encausados J. M. V., que fue jefe de Contabilidad del monumento nazarí bajo la anterior dirección del PAG.

La incorporación de este investigado a las personas susceptibles de ir a juicio se produjo mediante un auto fechado en octubre. En él, el juez Moreno añadía a J. M. V. y ampliaba de este modo a cuatro el número de personas contra las que debían formular cargos (o no) las acusaciones.

Fue el 30 de abril de 2019 cuando el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada dictó el auto de transformación de procedimiento de diligencias previas a abreviado. La incorporación de ese cuarto encausado, para quien en un principio se habían archivado las actuaciones, se produjo por orden de la Audiencia de Granada. Exactamente, fueron los magistrados de la Sección Segunda los que así lo dispusieron tras estimar un recurso del letrado de la Junta que solicitaba la inclusión de este investigado. Los demás procesados que hay en el caso son la exdirectora del PAG María del Mar Villafranca Jiménez; la ex secretaria general del PAG, Victoria Eugenia Chamorro Martínez; y A. A. L. R., que fue el empresario al que se adjudicó contrato del servicio de audioguías en el que se habrían producido presuntas irregularidades.

Los cuatro encausados siguen, por tanto, en la antesala de juicio oral, en la fase de preparación de la vista, al existir en la contratación bajo sospecha indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

A raíz de ampliar el número de investigados en cumplimiento de lo dispuesto por la Audiencia, el juez dio un plazo de 10 días al fiscal y a las otras acusaciones para que formulasen nuevo escrito de conclusiones provisionales y pidiesen la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

En el recurso de la Junta de Andalucía que dio lugar a que se procesase a J. M. V., se explicaba que había ostentado la Jefatura de la Sección Económica y Contabilidad y de la de Gestión y Contabilidad del Patronato de la Alhambra, por lo que, en opinión del Gobierno andaluz, «podría ser, de manera indiciaria, cooperador necesario de las infracciones denunciadas». La Junta sostenía en aquel recurso que este ex alto cargo habría participado en determinadas reuniones que presuntamente tuvieron por objeto «llegar a acuerdos que beneficiarían a la empresa concesionaria del servicio de audioguías en detrimento de los intereses económicos del Patronato».

El origen de esta causa está en una querella presentada en 2015 por la fiscalía de Granada (este año se cumplirá seis desde que se inició). Esta se produjo tras una investigación del propio ministerio fiscal a raíz de la denuncia presentada en la AEAT por un exempleado de GTP Museum Solutions ante una serie de supuesta irregularidades en la contratación efectuada del servicio de audioguías, que fue explotado por esa empresa durante siete años.

Cabe recordar que la otra gran causa penal relacionada con la gestión de Mar Villafranca en la Alhambra acabó en carpetazo en 2019. Bautizada con el nombre de la operación policial que dio lugar a la misma, 'Colina Roja II', estuvo centrada en distintos contratos y la investigación salpicó a numerosas empresas, pero su curso viró hacia el archivo después de que la Audiencia anulara las detenciones y demás pruebas practicadas desde octubre de 2017 por haberse superado los plazos que marca la ley sin que se hubiera llegado a interrogar a ningún investigado.

Según las fuentes del caso consultadas por IDEAL, el PP se ha adherido a las conclusiones formuladas por la fiscalía.

Por su parte, la Junta de Andalucía remitió, a finales del pasado mes de octubre, un nuevo escrito de acusación, al que ha tenido acceso IDEAL. En él incluye a J. M. V. y considera que se habrían cometido posibles delitos de prevaricación, malversación, falsedad apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Por la supuesta prevaricación, solicita 12 años de inhabilitación para empleo público para la exdirectora y 8 años para la exsecretaria y el exjefe de Contabilidad. Por la presunta malversación, reclama seis años y un día de cárcel para los cuatro acusados, así como otros ocho años de inhabilitación absoluta.

De la posible falsedad sólo acusa a Villafranca y Chamorro (como presunta cooperadora), para quienes reclama otros cuatro años más de prisión e inhabilitación para dirigir entidades públicas. Los dos últimos delitos, la apropiación indebida y el blanqueo, sólo se los atribuye la Junta al empresario (administrador único y representante legal de GTP Museum y Stendhal Museum Solutions), a quien solicita por estos dos ilícitos un total de cinco años de encierro, aparte de multas que suman 615.000 euros.