La atención médica volverá al consultorio de Darro parcialmente mañana

Fuentes oficiales del área sanitaria Nordeste confirmaron a IDEAL que el regreso del servicio sanitario será parcial, ya que la consulta de enfermería –donde estaban las goteras – estará cerrada hasta que se solucione el problema.

El médico de cabecera y la enfermería seguirán con normalidad en el consultorio de Darro, ya que las otras dos estancias que componen el edificio se encuentran en buen estado. La atención de pediatría, como consecuencia, se mantendrá en la localidad vecina de Purullena. Desde el área sanitaria confirmaron que se va a ejecutar una actuación en el falso techo de esta sala para conseguir una solución «definitiva» a esta situación. El Ayuntamiento se encargará de limpiar y acicalar esta parte del edificio.

Las obras se ejecutarán durante las tardes para que la actuación y el ruido no interfiera en la atención a los pacientes. Los problemas de humedades han ocasionado el cierre del centro de salud de Darro en hasta cuatro ocasiones en los últimos seis meses. Las lluvias de estas semanas han incrementado la humedad en las instalaciones. El centro de salud fue okupado cuando los trabajadores del centro y los vecinos del pueblo se manifestaban por las agresiones que sufrieron varios médicos en la localidad en verano.

El Ayuntamiento de Darro ha puesto, anteriormente, el coche de la Policía Local a disposición de los vecinos para que los habitantes que no cuentan con vehículo tengan cómo desplazarse hasta Purullena, situado a 12 kilómetros de distancia.

La sentencia del juicio del caso –que el Ayuntamiento denunció ante la Guardia Civil– determinó que el consistorio tendrá que buscar una casa a la familia. Los 'inquilinos' tendrán que pagar 480 euros por haber cometido un delito leve de usurpación. La cifra corresponde a una multa que equivale a ocho euros diarios por cada uno de los progenitores que compone el núcleo familiar que se 'instaló' en esta parte del consultorio médico.

El Juzgado número 1 de Guadix determinó que los okupas deberán restituir, «siempre que sea posible», el bien y abonar el deterioro que hayan provocado durante estos meses. Los denunciados recurrieron la sentencia con un recurso de apelación y alegaron que el inmueble «no reúne las condiciones de habitabilidad ni seguridad residencial».