Las Gabias se enfrenta a dos causas pendientes que podrían suponer 3,6 millones a las arcas municipales

La alcaldesa ha apuntado que durante el anterior mandato se produjo «un incumplimiento constante y continuo de la normativa urbanística», como «modificaciones de planes parciales aprobados con informes desfavorables, que fueron anulados por el TSJA, y sobre los que se estuvieron otorgando licencias con las condiciones urbanísticas de esos planes anulados durante más de una década. Así se hizo en el caso del Plan Parcial Campo de Golf y en el Plan Parcial Pedro Verde. O el caso de planes parciales de hace más de 40 años donde las zonas verdes y equipamientos públicos aparecen a nombre de particulares».

La actual regidora gabirra ha señalado que «hay sentencias que están pendientes de recibirse, como la del Plan Parcial 7, donde vendieron los aprovechamientos a cambio de 2 millones de euros, o la correspondiente a los terrenos donde se construyó la piscina y el gimnasio municipal y por la que se reclama 1,6 millones de euros por no haber dado cumplimiento al convenio que se firmó para adquirir el suelo». Un total de 3,6 millones que podrían volver a castigar las arcas municipales.

«Para que los ciudadanos se hagan una idea: a día de hoy, la valoración de este tipo de suelo, según los técnicos municipales, es de 40 euros/metro aproximadamente, y si la sentencia fuese favorable a los propietarios que suscribieron el convenio estaríamos pagando a 338 euros el metro de suelo, o sea, mucho más que por un solar en pleno centro de la ciudad», ha relatado la máxima responsable municipal.

La primera edil ha adelantado se va a llevar a cabo la redacción de un plan de ordenación urbana que se va a encargar en los próximos meses y «con un plan general de ordenación municipal que contemple el desarrollo del municipio para los próximos 50 años».

«Sádaba ha insistido en que «los socialistas vendieron humo a los propietarios de suelo, engañaron a inversores para que compraran terrenos donde iba a existir un cambio en la clasificación del suelo donde supuestamente se iba a permitir edificar y todo con un afán recaudatorio, ya que el Potaug (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada) limitaba la superficie que se podía incrementar a suelo edificable. Pero ellos firmaron convenios urbanísticos con los propietarios de esos suelos para recaudar dinero. Fueron ingresos que llegaron a las arcas municipales, pero sobre los que no existía un control del gasto, por lo que no se puede determinar a qué se destinó ese dinero».