Archivan un caso de abuso sexual a una menor por su grado de madurez

La causa se inició con una denuncia que los padres de ella formularon contra el joven. El asunto aterrizó en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, que abrió en marzo de 2017 una investigación para esclarecer si la menor accedió a practicar sexo con él bajo el chantaje de que si no lo hacía publicaría fotos desnuda de ella.

La pareja, de pueblos distintos, se había conocido por Instagram, una aplicación que permite a los usuarios subir imágenes o vídeos y, a raíz de la denuncia, el juez instructor, Antonio Moreno, acordó una orden de alejamiento. El chico, M. R. M., negó desde un principio haberla obligado a nada y así lo ha determinado finalmente la justicia.

El joven siempre dijo que había sido ella quien le había mandado las fotos en las que aparecía sin ropa y admitió que quedaron varias veces en la zona de los comedores universitarios, donde ella le hizo «felaciones». Él aseguró que pensaba que la menor tenía 14 años para 15y sostuvo que estos episodios sexuales habrían sido consentidos.

La investigación judicial fue archivada a finales del año pasado. Exactamente, el juez Moreno dictó un auto de sobreseimiento provisional el 12 de noviembre. Pero la familia de la joven, personada como acusación particular, lo recurrió primero ante el propio juzgado, que ratificó tres semanas después que no veía infracción penal. Ante ello, los padres de la menor recurrieron ante la Audiencia, que ha confirmado la ausencia de delito.

El tribunal provincial emitió su auto en febrero, pero los abogados Rafael Morales y María José Martín, pertenecientes al Grupo Asesor Grana-Iuris, han preferido esperar a que adquiriera firmeza para hacerlo público. En su resolución, los magistrados de Plaza Nueva recuerdan que ha habido tres informes periciales sobre el grado de madurez de denunciante y denunciado, siendo el de la perito judicial –la designada por el juzgado– el que, a su juicio, tiene la «mayor garantía de imparcialidad». La experta examinó a ambos para valorarles y concluyó que presentaban «un nivel cognitivo por debajo de la media, así como un grado de desarrollo y madurez bajos».

También estableció la perito que la menor se encontraba en la etapa de la pubertad y adolescencia, en pleno desarrollo de su personalidad, mientras que del chico dijo que estaba finalizando la adolescencia pero que no presentaba una personalidad forjada aún.

En cuanto al consentimiento del sexo practicado, el tribunal considera que de las propias declaraciones de los dos, así como de las de los testigos, se desprende que hubo algo más que aquellos episodios sexuales; hubo una relación «sentimental» que luego se rompió. Los mensajes que ambos se enviaron a principios de 2017 por redes sociales han sido cruciales para demostrar el idilio.

«Las fotos aportadas, mensajes enviados o el hecho de venir sola a Granada para acudir a una cita con un chico que acaba de conocer en las redes sociales indican un grado de madurez en la denunciante muy superior a la edad física de 13 años», subraya la Audiencia.

En las alegaciones que los abogados de la defensa hicieron contra el recurso de los padres de la menor, insistían en que la relación era «aceptada y querida» por la menor, que incluso se sentía «orgullosa». Según esta parte, en todos los documentos gráficos que se aportaron a la causa, la niña expresaba «su amor» por el joven luego denunciado. Le decía que no lo iba a dejar ir, que quería pasar la vida con él y que pronto habría boda. Llamaba incluso a la hermana del muchacho «cuñada». «¿Eso es una relación de solo amigos?», se preguntaba la defensa en el escrito por el que se opuso a que se reabriera la causa. La Audiencia Provincial de Granada le ha dado la razón: eran algo más.

El delito de abusos sexuales que se atribuía al chico conlleva un duro reproche penal. Está recogido en el artículo 183 del Código Penal español, que contempla castigos de prisión «de dos a seis años» para quien realice «actos de carácter sexual con un menor de 16 años». Si los hechos se cometen empleando violencia o intimidación, «el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión».