Agencias inmobiliarias cobran a los inquilinos comisiones prohibidas por la nueva Ley de Vivienda

La Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aclaró de nuevo en febrero de este año lo que dice la ley: «Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a cargo del arrendador». Recordó que esos cargos son «abusivos» y su imposición puede ser constitutiva de una infracción grave, que lleva aparejada una multa de entre 10.001 y 100.000 euros. Ahora, tras detectar que los cobros continúan, ha iniciado una investigación a varias grandes inmobiliarias del país.

En Granada también se están cometiendo esas prácticas abusivas, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y Facua aún no han tramitado ninguna denuncia desde esta provincia.

Fuentes de la OCU señalan a esta redacción que, en realidad, el cobro de comisiones a los arrendatarios ya estaba prohibido antes de la reforma legal de 2023, salvo en el caso de que el arrendador fuera una persona jurídica –una empresa–, lo cual solo ocurría en un 15% de los casos, según sus datos.

«El cobro sistemático de la comisión de agencia al inquilino ya había sido denunciado por OCU como una práctica abusiva, ya que entendíamos que la comisión debía ser pagada por la parte que contrata los servicios de la agencia y en la práctica totalidad de los casos la persona que contrata esos servicios es el propietario, que es quien debe firmar una nota de encargo para que la agencia esté autorizada a mediar en ese alquiler –explica el portavoz de OCU, Manuel Vivas–. En todo caso, tras la Ley de Vivienda ya no existían dudas sobre quién debe pagar la comisión de la agencia».

El problema es que ahora algunos agentes inmobiliarios quieren cobrar esos honorarios por partida doble –al arrendador y al arrendatario– e imponen a este último el cobro de esos honorarios «de manera velada», por ejemplo, simulando que es el propio inquilino el que solicita unos servicios especiales, para cubrirse ante una eventual denuncia.

«Dada la situación actual de escasez de oferta de pisos en alquiler, hay inquilinos que se ven casi obligados a pasar por el aro si quieren acceder a la vivienda. Ha habido denuncias cuando existían pruebas y esas prácticas son ahora menos evidentes», añade Vivas.

Por su parte, Facua denunció en junio de 2023 a varias decenas de agencias andaluzas por esos cobros ilegales y uno de esos expedientes ha terminado con una multa, la primera del país, según sus noticias. Sin embargo, explica Rubén Sánchez, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía calificó la infracción como leve, impuso a la agencia una multa de solo 600 euros y le permitió quedarse «con todo el dinero defraudado».

El mismo criterio está empleando en otras propuestas de resolución. Sánchez considera «inexplicable» que la Consejería haya tipificado la infracción como leve cuando se dan dos circunstancias por las que la ley autonómica de defensa de los consumidores establece que deben considerarse graves: no son irregularidades fruto de un error, sino cometidas voluntariamente, y se trata de una práctica habitual.

«Es una multa ridícula, un chollo para la inmobiliaria. Con lo que gana con una o dos comisiones paga la multa y sigue cobrándola. Con esta política de la Dirección General de Consumo de la Junta no se frena el fraude, sino que se anima a que se siga cometiendo. Nos parece gravísimo», señala Sánchez.