La administración reclama más de tres millones en ayudas a 'start-ups' granadinas

Jose Luis Castillo. /ALFREDO AGUILAR
Jose Luis Castillo. / ALFREDO AGUILAR

Los afectados aseguran que no se estableció un control adecuado de los préstamos mientras la Junta defiende que algunos gastos no se justificaron correctamente

Juanjo Cerero
JUANJO CEREROGranada

La historia de la empresa emergente de José Luis Castillo, un investigador del CSIC granadino que decidió convertirse en emprendedor, es muy habitual en el sector tecnológico. Levantar algo de capital para hacer una inversión inicial, dedicarle más horas de las humanamente soportables y, finalmente, fracasar. Un modus operandi que resumió Mark Zuckerberg, creador de Facebook: «Muévete rápido y rompe cosas». José Manuel decidió abandonar su trabajo estable para lanzarse a la aventura después de que le hablaran de unos préstamos de la Junta de Andalucía en condiciones muy favorables financiados con fondos europeos Feder. El programa de ayudas en cuestión se llamaba Campus, y existía otro similar llamado Atlantis.

177 empresas se beneficiaron de algunas de aquellas ayudas, que rondaron en total los 20 millones de euros, y que adjudicó y gestionó la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) entre los años 2005 y 2012. De estas sociedades, 111 han recibido una carta de la Consejería de Hacienda en la que se les reclama, con intereses de demora de hasta el 20%, el montante de aquellos préstamos. Incluso si la empresa fracasó y ya está cerrada, como ocurre en el caso de José Luis. La administración le pide 240.000 euros, sumando intereses, a pesar de que su proyecto ya quebró. Los afectados, que ahora se encuentran en el proceso de montar una plataforma para demandar colectivamente a la Junta de Andalucía por lo que consideran arbitrariedades en el funcionamiento del programa, calculan que hay 44 empresas de la provincia granadina perjudicadas por esta situación, de las que han conseguido contactar con 19. El montante en juego es de 3,38 millones de euros, aunque podría llegar a ser más del doble.

111
empresas andaluzas son objeto de reclamo del dinero por parte de la Junta, de las que 44 son de Granada.
2017
fue el año en el que los afectados comenzaron a recibir reclamaciones de la Consejería de Hacienda.

José Manuel Baena es otro de los emprendedores que se enfrenta a este brete. Él ha tenido mejor suerte: su empresa prosperó y ahora tiene otra. Entre las dos dan empleo a quince personas. Cuando recibió la notificación de la Hacienda andaluza decidió pagar preventivamente porque podía permitírselo, al contrario que José Luis Castillo. A pesar de ello, optó por demandar a la administración autonómica por la vía contenciosa, cosa que hizo en marzo de este año. Asegura que se ha gastado entre 50.000 y 60.000 euros en abogados y que, con ese dinero, podría tener el doble de empleados trabajando.

Ambos coinciden en usar la palabra «arbitrariedad» cuando describen cómo fue el proceso de funcionamiento del plan Campus. Castillo asegura que los técnicos de la Junta les dijeron que pedir estos préstamos participativos y lanzarse a introducirse en el sector tecnológico era «una inversión sin riesgo»; el programa existía precisamente para ayudar a echar a andar esas empresas en lo que se conoce como fase semilla.

No les contaron, aseguran ambos, que en realidad estos préstamos no eran tales, sino que, como estaban suscritos a un interés del 0%, se regían por la legislación sobre subvenciones.

Los problemas, sin embargo, tardaron tiempo en aparecer, y fueron en todos los casos muy similares. Javier, que prefiere no dar su nombre porque aún tiene relaciones con la Junta de Andalucía y cree que podría haber represalias -una situación que Castillo y Baena aseguran que es muy común entre los afectados-, también recibió uno de estos préstamos para un proyecto en el que participaban investigadores de renombre europeo que vinieron a trabajar a Granada. Todos coinciden en que alrededor de 2014 se produjo un «cambio de criterio» en IDEA, que vinculan con la llegada de auditorías externas posteriores al estallido de la crisis política derivada del caso de los ERE. La administración comenzó a pedirles justificación de todos los gastos y a dilatar el abono de los pagos aduciendo que no estaban completamente ajustadas a un texto legal que ellos consideran «muy indefinido», y llegando a decirles en algunos casos que habían perdido esos papeles. Los afectados rechazan esta justificación: «Teníamos otras muchas fuentes de financiación y con ninguna hemos tenido problemas, sólo con la Junta y a raíz de la entrada de auditores externos», asegura José Manuel Baena.

El resultado, en el caso de la empresa de Javier, fue que tuvo que comenzar a despedir a los investigadores porque la Junta no abonaba el dinero de los préstamos a tiempo, tras lo cual su empresa emergente tardó pocos meses en quebrar. Ni en su caso ni en el de José Luis Castillo la Junta decidió presentarse al concurso de acreedores para tratar de alcanzar un precio justo. La administración decidió trasladar la reclamación íntegra del dinero, más los intereses de demora, a los dueños de las sociedades que habían pedido los préstamos-subvenciones. Un precio que muchos de ellos ahora no pueden pagar. «Dejé un trabajo estable de investigador, me lo jugué todo», resume José Luis. Y lo perdió.

«Hacemos cumplir la ley»

Alejandro Zubeldia es el gerente provincial de la Agencia IDEA en Granada. Al descolgar el teléfono a este periódico, reconoce: «Sabíamos que esto iba a pasar». Conoce los casos -«anomalías», en su descripción- de empresas como la de Baena que ya han demandado a la administración andaluza por la vía contencioso-administrativa. «Que haya descontento es normal», reconoce, pero asegura que no hay nada raro en que se haya reclamado este dinero a dos de cada tres empresas que recibieron las ayudas del programa Campus. Culpa, en dos frentes, a la crisis económica y al tipo de proyecto que se financiaba, en este caso en fase semilla, que es cuando más posibilidades tiene de fracasar, antes de alcanzar una masa crítica de funcionamiento. «Que sean muchos», asegura sobre el elevado porcentaje de empresas a las que se reclama la devolución de las ayudas, «no quiere decir que tengan razón».

Zubeldia niega arbitrariedades en la gestión de ese programa por parte de IDEA, asegurando que «todo está sujeto a normativa», y descarga la responsabilidad sobre la no comprensión de las implicaciones de la orden de incentivos en los receptores de los préstamos: «Hay que saber lo que se firma». Sobre la no concurrencia de la Junta de Andalucía al concurso de acreedores para buscar un precio justo para las empresas quebradas dice que eso es una decisión de los servicios jurídicos de la agencia en la que no interviene.

«Que hayamos llegado a este punto de litigiosidad me sabe mal», afirma, «pero esto no ha ocurrido por motivos políticos, sino que nos tenemos que encargar de que se cumpla la ley».

 

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