Acusan a una trabajadora del SAS de Granada por espiar datos médicos de la novia de su expareja

El supuesto fisgoneo de la procesada llegó a tal punto que incluso se hizo pasar por la víctima para telefonear al consultorio en el que aquella estaba siendo atendida para conocer más detalles sobre su «estado de gestación».

Los hechos ocurrieron en agosto de 2015. Por aquel entonces, la encausada logró un empleo eventual en un centro de salud de una localidad del Área Metropolitana de la capital. Ese puesto le permitía entrar en el portal 'Diraya' del SAS. «La acusada aprovechó esta circunstancia para realizar una búsqueda de todos los datos personales y de asistencia médica disponibles de la novia de su expareja (...) con el ánimo de desvelar cualquier circunstancia relativa a su salud», afirma el ministerio público en el escrito en el que formula los cargos.

Como quiera que la perjudicada estaba embarazada, la presunta 'espía' puso especial interés en informarse de «todo lo referido a recientes asistencias» de obstetricia que había recibido la nueva compañera sentimental de su expareja. Pero, presuntamente, la acusada no consiguió su objetivo «debido a las restricciones que su perfil para realizar consultas concretas sobre esos extremos». Es decir, que no tenía los 'privilegios' informáticos suficientes para ahondar en su 'investigación' supuestamente delictiva.

Así que, «presa de la curiosidad», simuló ser la víctima y telefoneó al centro de salud en el que atendían a aquella para conocer detalles más precisos «sobre el estado de gestación de la misma», explica el escrito de acusación de la fiscalía.

Supuestamente, la procesada llevo a cabo esos manejos mientras cubría la ausencia por vacaciones del administrativo titular del puesto. En este sentido, accedió a «información confidencial relativa a las citas médicas que había concertado la perjudicada y, en particular, a «todo lo referido» a las «asistencias» que había recibido «al quedar embarazada».

Las incursiones presuntamente ilegales en el historial de la damnificada se produjeron los días 14 y 21 de agosto de 2015.

La Fiscalía Provincial de Granada pide ahora que la encausada sea condenada a cuatro años de cárcel por un supuesto delito de revelación de secretos cometido por funcionario público, «así como a la pena de multa de 24 meses» a razón de seis euros diarios. También reclama que sea inhabilitada durante ocho años.