40 personas son acusadas cada mes por cultivar 'maría' en Granada

Un agente de la Guardia Civil arranca plantas de cannabis en el interior de una vivienda./PEPE MARÍN
Un agente de la Guardia Civil arranca plantas de cannabis en el interior de una vivienda. / PEPE MARÍN

Si las cantidades de droga incautadas son inferiores a diez kilos, el ministerio público pide entre uno y tres años de prisión

Yenalia Huertas
YENALIA HUERTASGranada

Cuando la Guardia Civil o la Policía Nacional desmantelan una plantación de marihuana y detienen a sus propietarios o cuidadores, la justicia entra en escena. Se apagan los focos, se desconectan los aparatos climatizadores y se abre el telón judicial. Los cultivadores se encuentran entonces ante un escenario en el que se jugarán entre uno y tres años de libertad si la cantidad de droga incautada pesa menos de 10 kilogramos. Si se interviene más, el castigo también aumenta y la condena oscilará entre tres y cuatro años y medio de prisión. La mayoría niega tener un papel protagonista.

A la pena de cárcel hay que sumar una multa proporcional al valor de la droga que se incaute. «Las sanciones económicas fluctúan mucho, pues hay aprehensiones de sólo 150 gramos y otras de 40 kilogramos», explica el fiscal coordinador antidroga de Granada, Luis Salcedo Faura, quien da fe de la magnitud preocupante que está adquiriendo el fenómeno. Solamente en los partidos judiciales de Granada y Santa Fe los fiscales formulan alrededor de 40 acusaciones por tráfico de marihuana al mes. No existe una estadística especifica provincial sobre este ilícito concreto, pero teniendo en cuenta que hay ocho partidos judiciales y que en la zona de la Alpujarra la mancha verde se extiende, el número puede ser bastante superior.

Normalmente este tipo de delito contra la salud pública lleva a aparejado otro ilícito: el de defraudación del fluido eléctrico, al llevar a cabo enganches ilegales para conectar los aparatos que procuren unas condiciones de luz y temperatura óptimas para las plantas. El robo de electricidad conlleva penas de multa que pueden llegar a doce meses. Aparte, el dueño de la plantación habrá de abonar una indemnización a Endesa por la luz robada. En todos los casos la fiscalía pedirá el decomiso y la destrucción de los utensilios que se hayan empleado para el cultivo desmantelado.

Aunque haya quien piense lo contrario, Salcedo no cree que la baja penalidad esté influyendo en la proliferación de estos cultivos en la provincia. Él vincula el 'boom' de las plantaciones a la depresión económica de los últimos años. «Las penas han sido siempre las mismas, antes y ahora, y ahora hay más cultivo». Él baraja que «quizás se deba a que desde la crisis de 2008 se ha producido una depauperación social y la gente haya acudido al cultivo de marihuana como forma de obtener un dinero extra. O quizás resulte que se han abierto canales de distribución con Europa que haya hecho que se intensifique el cultivo».

Las drogas se dividen en dos clases: las que causan un grave daño a la salud y las que no. Y los delitos contra la salud pública tienen esa misma clasificación. La marihuana se incluye, como el hachís, en el saco de las sustancias que no causan un perjuicio grave. Sí lo ocasionan la cocaína, la heroína o las drogas de diseño, como puede ser el éxtasis. Para las primeras, el castigo que contempla el Código Penal es menor, lógicamente, pues la incidencia en la salud también lo es. Quien trafica con drogas duras asume el riesgo de pasar más tiempo entre rejas.

El fenómeno de la marihuana, como aclara Salcedo, «es autónomo» y no tiene vinculación a otro tipo de tráfico. Es decir, los 'marihuaneros' son sólo eso: 'marihuaneros'. De hecho, los casos de tráfico de heroína y de cocaína son «escasos» en Granada, según revela este representante del ministerio público, al tiempo que precisa que los alijos incautados por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado «son en tránsito, que van a otras provincias».

El cultivo de marihuana en la provincia «es alarmante», reconoce el fiscal coordinador antidroga. Hay algunos pueblos de la provincia donde el olor es generalizado, así como zonas en Granada delimitadas por el aroma. Muchas de las plantaciones se descubren precisamente por eso, porque es un delito que huele. «Nos hemos convertido en el principal exportador de marihuana de Europa y esa situación que sigue en aumento puede dar lugar a una situación preocupante de cara al futuro si no se ataja convenientemente», advierte Salcedo.

¿Y cómo se puede atajar el problema desde la fiscalía? Para el fiscal coordinador antidroga de Granada, sería necesario crear una sección antidroga. Ahora mismo no existe como tal un departamento especializado en la materia; sólo existe la figura del fiscal coordinador, pero no una sección especializada. «El problema del cultivo de marihuana no solamente es el tráfico, sino el dinero que genera y la incidencia en la economía local», recuerda Salcedo, para advertir de que debido a los pingües beneficios que obtienen los traficantes, «se va a crear una zona de economía sumergida y ese -añade- es un fenómeno que ha de tenerse en cuenta».

Análisis y pesaje

Cuando una operación contra la marihuana llega a los juzgados se inicia una causa en la que el informe del análisis y pesaje de la sustancia intervenida será una de las principales pruebas de cargo. Los casos de 'maría' crecen en los órganos judiciales al mismo ritmo que las plantaciones son desmanteladas. Una vez el atestado aterriza en sede judicial se incoan una diligencias previas.

En Granada hay nueve órganos dedicados a investigar delitos y uno de ellos lo dirige el magistrado Antonio Moreno, quien confirma el incremento de expedientes abiertos por esta actividad ilícita. «En los últimos años han aumentado mucho las plantaciones de marihuana en viviendas y en naves, hasta el punto que es más fácil para los consumidores y organizaciones conseguirlas en Granada que incluso en cualquier otro lugar o país de origen de dicha sustancia», señala. Él, al igual que sus compañeros, está comprobando cómo estos cultivos están dando lugar igualmente a otros delitos, «como el robo en dichas plantaciones por otras organizaciones criminales». Además, se están registrando «incluso atentados contra la integridad y la vida de las personas por conflictos entre las que participan en el negocio, y que se vienen produciendo de forma exponencial al aumento de dicha actividad ilícita».

La instrucción de este tipo de causas no es complicada, «salvo cuando se trata de organizaciones criminales o llevan aparejados otros delitos contra la vida o la integridad física de las personas», matiza Moreno. En su juzgado, la 'maría' está detrás de aproximadamente un 5% de las causas criminales que tiene abiertas, o lo que es lo mismo: cinco de cada cien asuntos que pasan por sus manos tienen que ver con este delito. Aunque el porcentaje podría resultar en apariencia bajo, «lo cierto -añade- es que no lo es dado el número de asuntos y volumen que soportan los jugados de Granada».

Para este magistrado, la respuesta penal que se está dando al fenómeno no es la adecuada. Cree que las penas que conlleva son tan bajas que precisamente puede fomentar la actividad en cierto modo, «por cuanto el beneficio que se llega a obtener es mucho mayor y de mucho más merecimiento que la pena tanto privativa de libertad como económica que se pudiera imponer». Tema distinto, según añade, sería el de la despenalización de su consumo, «que no siempre -apunta- ha dado los frutos deseados en los lugares donde se ha producido».

Una vez que se han practicado todas las pruebas pertinentes en el juzgado de Instrucción y el investigado o investigados han prestado declaración asistidos de abogado, la causa se envía a un juzgado de lo Penal, que es el órgano encargado de su enjuiciamiento. Ya en el juicio puede haber una conformidad. Si el acusado admite su culpa obtiene una rebaja considerable en la condena -de un tercio-, si no el juez fijará el castigo en sentencia en función de lo solicitado por el fiscal. El índice de conformidades es muy elevado, según el fiscal Luis Salcedo, quien revela que el de condenas puede ser del 90%.

Tráfico o consumo propio

Algún acusado, el día del juicio, ha llegado a ofrecer como excusa o justificación que las plantas intervenidas en su casa, cortijo o cochera eran para consumo propio. Sorprendente pero cierto. Sobre este punto, el fiscal recuerda que la jurisprudencia tiene establecido que el consumo semanal es de 100 gramos. «Si cogemos diez kilos parece que no es un acopio que sea adecuado. Es como si uno consume cerveza y tiene un contenedor de cerveza en su casa. Teniendo en cuenta además que la cerveza se puede conservar pero las plantas de marihuana tienen un ciclo vital y, por tanto, tienen que ser recolectadas y consumidas en su momento. No se pueden guardar para el futuro».

Sobre el encarcelamiento de los 'marihuaneros', lo cierto es que la mayoría de las condenas no supera los dos años y a muchos se les suspende la ejecución de la pena. No obstante, si reinciden y se les vuelve a pillar 'con las manos en las plantas', tendrán un destino indiscutible: la cárcel de Albolote.

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