El caso Ágreda se reabre para esclarecer la cesión frustrada del palacete
La Audiencia dispone que se cite a otros tres técnicos municipales como investigados, así como a la nueva jefa de Urbanismo y a Caracuel como testigos
Y. HUERTAS
Miércoles, 14 de junio 2017, 10:33
La Audiencia de Granada ha ordenado que se reabra la investigación judicial de la cesión con opción a compra a AIDE (Federación Internacional para el ... Desarrollo) de la Casa Ágreda, un palacete del siglo XVI propiedad municipal que está en el Albaicín. Esta operación, finalmente frustrada, dio lugar el año pasado a unas diligencias previas por posible tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Se abrieron, a raíz de una denuncia de la fiscalía, en el Juzgado de Instrucción 9, pero acabaron siendo archivadas por su juez titular, José Luis Ruiz Martínez.
En la causa, llegaron a comparecer ante el juez como investigados el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto. Ahora, la Audiencia entiende que se debe citar a tres técnicos municipales (entre ellos la viceinterventora), así como tomar declaración como testigos al exedil de Patrimonio Eduardo Caracuel, a la actual directora del Área de Urbanismo, María Isabel Rodríguez Hervías, y a un arquitecto.
El magistrado tomó la decisión de dar carpetazo a este asunto el 20 de octubre, al entender que la operación no era perjudicial para la ciudad y que los entonces cargos políticos no utilizaron un procedimiento fuera de la legalidad para favorecer a AIDE.
Sin embargo, la Audiencia, una vez examinados el expediente administrativo de aquella operación y las declaraciones de los investigados, concluye que «debe continuarse la investigación, puesto que las irregularidades no pueden calificarse, en este momento, de poco trascendentes o nimias».
Competencia y tasaciones
A juicio del tribunal, habría que esclarecer la competencia de la Concejalía de Urbanismo para tramitar el expediente, pues era, según el propio Caracuel, de su departamento. De hecho, cuando se convocó concurso para la enajenación de este inmueble en 2008 lo tramitó Patrimonio. En este punto, la Audiencia señala que ha habido «un cambio en las competencias que deberá investigarse», así como «si se ajusta a la legalidad vigente o no». Las diferencias entre las tasaciones efectuadas al palacete (se tasó en 5 millones de euros en 2007, en casi un millón menos en 2012, y finalmente iba a ser propiedad de AIDEpor 1,6 millones de euros) también escaman al tribunal, que cree que debe determinarse «cómo o por qué se entendió que la asociación AIDE tenía capacidad para contratar».
El auto deja sin efecto la decisión de archivar el caso, al estimar parcialmente el recurso que interpuso el empresario Ramón Arenas, que ejerce la acusación popular. Por contra, desestima el recurso del grupo municipal Vamos Granada.
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