Un informe se opone al pago de la extra de 2012 a los funcionarios

Fue el propio concejal de Economía, Baldomero Oliver, el que desveló este informe al final de la comisión de Economía. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el interventor expone datos objetivos de la situación municipal. Así, recuerda que la ciudad sigue con presupuestos prorrogados, ya que los últimos que se elaboraron son de 2015. En las cuentas municipales «no existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a las amortizaciones de los préstamos a largo plazo, que este año 2017 superarán los 25 millones de euros». Recuerda además el funcionario que la Constitución española establece que «el pago de los intereses y el capital de la deuda pública goza de prioridad absoluta».

También se supera ampliamente el periodo medio de pago, dado que el límite legal son 30 días y la ciudad está pagando en 122,72 días -dato de marzo de 2017-. Y recuerda en el documento que el 2 de febrero de 2016 «se emitió informe de alerta» por superar ese plazo de pago y actualmente no se ha «desactivado dicha alerta». Por todo ello, «la situación económico-financiera del Ayuntamiento de Granada no permite de la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012. Es por lo que se fiscaliza en disconformidad». Al emitirse este informe de reparo, se suspende la tramitación del expediente, pero existe la posibilidad de que «el presidente de la entidad local», en este caso el alcalde, resuelva la discrepancia. El interventor advierte de que informará al Tribunal de Cuentas de las decisiones adoptadas con informes en contra.

El plan, en una semana

Si este informe salió a relucir en el punto de ruegos y preguntas, el debate de la comisión tampoco arrancó con buenas noticias. Se votaba un expediente 'técnico', obligatoria en virtud de un real decreto, pero dio ocasión para el debate sobre la necesidad de un plan de saneamiento.

El concejal Oliver anunció que lo presentará a los grupos la semana que viene, con propuestas como congelar la asignación a los grupos municipales (350.000 euros), eliminar el contrato del 010 (268.000 euros) y suprimir un seguro de asistencia sanitaria privada que tenían algunos funcionarios (850.000 euros). Algunas de estas medidas ya estaban incluidas en el plan de ajuste del año 2012, según aseguró Oliver, pero no se cumplieron.

Desde el PP afearon al gobierno que se escudara en los técnicos para no lanzar propuestas, apuntando a que el gobierno local dejó pasar la oportunidad de acogerse a una moratoria en el pago de los préstamos que le ofrecía el ministerio de Hacienda.

Ciudadanos criticó de forma contundente que no se hubiera empezado a elaborar ese plan de saneamiento, criticando que «llevamos dos años hablando de lo mismo».

'Vamos, Granada' reclamó que se negocie con Hacienda una moratoria del pago de los préstamos y propuso al gobierno, incluso, que presentara unos presupuestos que podrían sacar adelante con una moción de confianza. IU insistió en que se reforme el callejero fiscal para que se puedan subir los ingresos pero con criterios de progresividad.