Los Jueces de Menores, contra una orden que reduciría su dedicación a los niños

Cuarenta de los algo más de cincuenta jueces de Menores de España han presentado ya un recurso contra un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -el órgano de gobierno de estos profesionales- que pretende obligarles a emplear parte de su tiempo en reforzar a juzgados de la jurisdicción de adultos. Es decir, que de prosperar el plan del CGPJ, los magistrados de Menores deberían compaginar su trabajo normal con el de un juzgado de lo Penal o de lo Contencioso-Administrativo, por poner un par de ejemplos, algo que, según los afectados, mermaría su dedicación a los niños y sus familias.

El Poder Judicial adoptó la polémica decisión el pasado 23 de marzo y se basaba en la idea de que la mayor parte de los juzgados de Menores tenían una carga de tarea inferior a lo razonable. En este sentido, la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señalaba que prácticamente todos los juzgados de Menores de la región tenían menos labor de la que podían asumir, «por lo que exigiría adoptar medidas tendentes a las transformación de algunos» de estos órganos de justicia juvenil en juzgados «de otra clase» -una iniciativa que ya se ha llevado a cabo en Córdoba- «o bien optimizarlos de alguna forma mediante refuerzos en otros juzgados».

Pues bien, la mayor parte del medio centenar de jueces de Menores de España no comparten ese criterio. Y así lo dejan patente en los recursos que están presentando por toda la geografía nacional y a cuyo contenido ha tenido acceso IDEAL.

«Desnudar un santo para...»

Entre los opositores a la resolución del Poder Judicial están los dos jueces de Menores que desempeñan su labor en Granada, Emilio Calatayud -titular del 1 y decano de los magistrados españoles de esta especialidad- y Francisco Maldonado -que preside el juzgado número 2-.

Al igual que sus colegas de otras provincias, ambos creen que la pretensión del CGPJ, además de «nula» desde el punto de vista legal, supone un error que acabarían pagando los usuarios de estos órganos y sus familias. Al respecto, indican que el Poder Judicial desconoce «la naturaleza y la función cotidiana» de los juzgados de Menores, unos órganos «que exigen una presencia diaria incompatible con la atención de asuntos en otras jurisdicciones y el desplazamiento obligado que comporta, siempre en detrimento del correcto funcionamiento de los mismos», avisan en sus recursos. Los afectados ponen un ejemplo para ilustrar su reflexión: «Piénsese que muchas de las diligencias no son programables con antelación, como la celebración de vistas para la adopción de medidas cautelares, atención a menores detenidos...».

En esta misma línea argumental, los jueces de Menores advierten de que se reúnen con frecuencia con los chavales y sus familiares, una actividad que no se refleja en los informes oficiales, pero que les ocupa tanto tiempo -o más- que las tareas estrictamente judiciales. «La carga de trabajo que se está teniendo en cuenta no se basa en las peculiaridades de la justicia de menores y la importancia preventiva de la misma, presumiendo que no requieren la dedicación que se les presta y que sus titulares pueden desatenderlo determinadas jornadas, sin quebranto de su funcionamiento. Nada más lejos de la realidad. Dichos órganos, en lo que respecta a Granada, requieren una atención diaria y con plena dedicación para el despacho ordinario (...) Son frecuentes y constantes las audiencias con familiares y los propios menores que no tienen reflejo alguno en los informes de la Inspección», detallan. Por ello, la compatibilización que pretende el Poder Judicial sería «como desnudar un santo para vestir otro», recalcan los magistrados 'señalados' por el CGPJ.

Muestras de apoyo

Los jueces de Menores no están solos en su reivindicación. Las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria ya les han expresado su apoyo. Esta última ha hecho público un comunicado en el que no ahorra críticas al Poder Judicial. «Dicha medida supone una intolerable modificación de las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras afectados, obligando a los titulares de órganos judiciales a los que han accedido en virtud de procedimientos reglados, y por propia voluntad, a prestar de forma absolutamente gratuita servicios no deseados, que están fuera en muchas ocasiones del orden jurisdiccional en el que han decidido desarrollar su carrera profesional. (...) Se trata, en fin, de una decisión que vulnera elementales derechos profesionales», asevera la asociación Francisco de Vitoria.

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